La Ley de Memoria Histórica vasca prevé un día anual por las víctimas y unidades didácticas

En su articulado a lo largo de doce capítulos el proyecto de ley menciona que lo que se busca es «dotar de una unidad de sentido a todas las políticas que se llevan a cabo» desde Gogora con el doble objetivo de promover la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista; y fomentar principios y valores éticos y democráticos. «El hecho de darle un rango de ley a esas políticas siempre es una seguridad jurídica», asegura Aintzane Ezenarro, directora de Gogora, el Instituto de la Memoria, que ha sido quien ha realizado el proyecto. A partir de esta ley, el Gobierno Vasco va a estar obligado a exhumar, a investigar o a informar a las familias, entre todas las obligaciones que se establecen.

El proyecto se detiene también en los lugares, itinerarios y espacios de la memoria histórica en Euskadi y remite a un desarrollo reglamentario posterior la creación de un catálogo y su régimen de protección y conservación. «No podemos convertir todas las trincheras o los más de 1.000 lugares bombardeados en Euskadi en lugares de memoria, es un debate que aún está sin desarrollar porque hemos dado mucha más importancia a las personas», explica.

Gogora, que trabaja muy de cerca el diálogo con las familias de las víctimas, a quienes el articulado menciona en más de una decena de ocasiones, remarca que la futura ley deberá responder a los deseos de las familias para que «se saque del ostracismo a las víctimas y se restituya su dignidad en el caso de los desaparecidos».

El proyecto de ley que aprobó el consejo de Gobierno de PNV y PSE en julio de 2021, está aún en tramitación en el Parlamento Vasco y afrontará en el pleno ordinario de hoy el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas PP+Cs y Vox. Ambas formaciones consideran que la ley «no puede ni debe obviar ni olvidar las vulneraciones de derechos humanos llevadas a cabo por ETA durante el periodo que abarca la norma entre 1936 a 1978». El Ejecutivo vasco considera, en ese sentido, que «no es un olvido, sino que está recogida en otras disposiciones legales y que en esta nueva ley no se recoge todo lo sucedido hasta 1978».