Cataluña vuelve a ser esta semana centro de atención de primer orden informativo. Y no es para menos. Habrá movimientos estratégicos de alto voltaje. El ... acuerdo suscrito la semana pasada entre el PSC y ERC facilita –en teoría y si no hay ningún 'tamayazo' de última hora– la investidura del socialista Salvador Illa. La llegada del que fue ministro de Sanidad en la pandemia al Palau de la Generalitat era el mejor epílogo a todo el plan que ha desplegado Sánchez para aminorar la presión de Cataluña, ya que el regreso de Puigdemont a la Generalitat hubiera reventado la arriesgada apuesta que el presidente ha jugado en el tablero.
El secretario general del PSOE, que ha reconocido que ha hecho de la necesidad virtud para desatascar el bloqueo catalán y también el suyo propio, ha puesto encima de la mesa los indultos, la reforma penal que eliminó el delito de sedición y modificó el de malversación, una mesa de diálogo a dos bandas con mediador internacional incluido, la amnistía para el borrado penal de de todos los condenados por el procés y, por último, un polémico acuerdo de autonomía fiscal. Este pacto de financiación que emula al Concierto vasco y que ha enervado a más de un barón socialista, entre ellos al castellano manchego García Page y al asturiano Barbón. Un precio muy alto que Sánchez afronta para estabilizar Cataluña y que le hace «feliz», como el propio presidente verbalizó en su última comparecencia, a costa de tensar las cuadernas de su propio partido.
Sin embargo, este acuerdo PSC-ERC debería haber ido acompañado de mucha más explicación que la realizada y de una clara pedagogía en el relato tanto dentro de su propia casa –la vicepresidenta Montero sigue en silencio– como para el resto de las autonomías, de las que, no hay que olvidar, el PP gobierna en la mayoría. ¿El modelo de financiación pactado con Cataluña sería exportable a otras comunidades? ¿A qué se refiere Sánchez con la «federalización» de España? Estas y otras preguntas aún están sin resolver en una cuestión que afecta a la columna vertebral del Estado. Y todo esto a falta de que un Puigdemont agraviado decida regresar para provocar su detención en una investidura que podría poner en el alero la legislatura española.
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