No habían pasado ni 72 horas desde que se abrieron las urnas el 23-J con un satisfactorio resultado por las huestes de Pedro Sánchez ... cuando en las dependencias de Lakua los socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE, exhibían sin disimulo un sonoro choque discrepante por el recurso contra la Ley de la Vivienda que el Ejecutivo de Vitoria ha elevado ante el Tribunal Constitucional. Esta norma estatal, aprobada hace pocos meses por el Congreso con el entusiasta apoyo de EH Bildu y ERC, ha vuelto a desatar la tensión entre los dos socios del gabinete Urkullu, pero en esta ocasión los socialistas no escondieron sus diferencias y airearon su malestar a través de sendas notas del departamento de Arriola y de la propia ejecutiva que lidera Andueza. Jeltzales y socialistas, en vísperas de las municipales, eludieron la polémica en el Parlamento Vasco para no favorecer a los soberanistas, pero a la vuelta de las elecciones el informe jurídico que se había encargado se ha inclinado por la tesis de los nacionalistas, que consideran que la citada ley invade las competencias autonómicas.
Los socialistas, ungidos por un incontestable triunfo en Euskadi en las generales, no se han arrugado en este pulso que deja entrever que la cita electoral de las autonómicas fijadas para el próximo año pudieran acercarse en el tiempo. En un escenario aún por despejar en la gobernabilidad española, siempre a favor de los números que atesora Pedro Sánchez, el lehendakari Urkullu, que puso ayer deberes legislativos a sus consejeros, tendrá la última palabra para decidir si adelanta la convocatoria autonómica, con un PNV a la baja y PSE y EH Bildu en alza. El portavoz Zupiria recordó que la llave del adelanto la tiene el lehendakari -aún sin la vitola oficial de candidato del PNV-, pero tampoco descartó que se produzca esa posibilidad. Sin embargo, con este panorama incierto y con las urnas vascas cada vez más cerca, la tensión irá a más.
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