El Gobierno Vasco ha gastado algo más de dos millones de euros en 136.490 horas extras de funcionarios de prisiones desde 2021

También ha reiterado, como ya explicó la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, en una entrevista el pasado domingo en este periódico, que las 319 plazas de la nueva OPE para dar soluciones al actual déficit «no estarán listas hasta 2026».

En su explicación ante los grupos parlamentarios en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, ha defendido el modelo elegido para resolver la marcha de 93 funcionarios de carrera a otras prisiones del Estado, de los que 86 ya han causado baja, con interinos de las bolsas de empleo formados con un curso diez días. El director de Servicios Penitenciarios ha manifestado que muchas veces para estos puestos de trabajo «en los que el cuerpo a cuerpo es tan importante, al final estudiarte 50 temas de Derecho Administrativo te da un conocimiento, pero lo que te da experiencia es el patio». Ha reconocido que esa práctica «tampoco se adquiere en 10 días». «Lo que intentamos es dar unos conocimientos básicos, explicarles dónde van a entrar y a qué se van a enfrentar. De hecho, no todo el mundo se presenta al examen, si te preguntas, yo soy cajera de Eroski, pero bueno, vengo aquí a probar, pues digo, esta mujer o este hombre, no tiene muy claro a qué viene. Él o ella verá», ha apuntado.

Ha citado también el caso de Martutene y Basauri dos prisiones que ha definido como «viejas y deterioradas». En referencia a la futura cárcel de Zubieta, ha recordado que en cuanto el Estado, que es el encargado de las obras, proceda a la cesión a Euskadi, el traslado «no será inmediato». Según ha explicado, la Administración central hizo una previsión de que era suficiente con cámaras de vigilancia para mantener la seguridad de unas zonas y ahora «hay que instalar alambradas metálicas». «Hasta otoño no podemos abrir Zubieta», ha remarcado. En el caso de Basauri aún siguen pendientes obras en tejados y contra humedades.

El nuevo director de Servicios Penitenciarios se ha referido a la necesidad de dejar atrás «el oscurantismo y el estigma de ser carceleros, y pasar a una profesión con buena valoración social». A su juicio, es preciso transformar a los vigilantes de seguridad en agentes de convivencia. En la prisión tiene que haber «convivencia, respeto y comunicación», ha citado.

En lo que respecta a los traslados ya materializados de funcionarios que proceden de León, Asturias, Galicia o Cáceres ha justificado que «esta gente se cansa de ir y venir. O la compensación es muy alta o lo normal es que la gente se lo plantee». Al mismo tiempo, ha recordado que ya en 2022, con Prisiones recién transferida se marcharon 81 funcionarios de carrera y vinieron 64 de otros penales de Estado, circunstancia que ahora no ocurre porque no llegan profesionales de carrera de otros centros sino que se cubre con interinos o con comisiones de servicios. Según ha indicado ya han lanzado «29 plazas a bolsas y 60 plazas en comisión de servicios».

Para paliar la actual situación ha reiterado que se lanzarán nuevas bolsas y plazas próximamente. También ha explicado que cuando se lanzó la primera convocatoria de interinos, tenían «mucha incertidumbre con una sociedad que históricamente ha sido a reacia a participar de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pensábamos que iba a tener poca acogida y nos sorprendió que se apuntaran 804».

Para paliar la actual situación ha reiterado que se lanzarán nuevas bolsas y plazas próximamente. También ha explicado que cuando se lanzó la primera convocatoria de interinos, tenían «mucha incertidumbre con una sociedad que históricamente ha sido a reacia a participar de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pensábamos que iba a tener poca acogida y nos sorprendió que se apuntaran 804». Ha detallado que en una o dos semanas el IVAP volverá a abrir una neuva bolsa y «animaremos a todo el mundo a que vuelva a solicitar incorporarse. Y esperemos que haya otras 800 personas que se apunten o más, porque sí que detectamos que hay un cierto interés».

Desde Vox y el PP se han referido a la situación «crítica» y han denunciado la «sobreocupación» de internos e «infraocupación» de funcionarios. Miren Gallastegui, del PSE, ha remarcado que se trata de una «polémica con mucho ruido y pocas nueces». EH Bildu, por boca de Eraitz Sáez de Egilaz, ha incidido en la necesidad del conocimiento del euskera tanto para los trabajadores como para los internos. Xabier Barandiaran, del PNV, ha asegurado que la transferencia ayuda a configurar un «modelo propio» para paliar esa «distancia» que la sociedad vasca ha mantenido con la gestión estatal. Ha apelado a «seguir desarrollando este trabajo».