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El Gobierno Vasco ha aprobado este mes de junio el tercero grado penitenciario a los etarras que asesinaron al socialista Juan Priede y el popular ... José Ignacio Iruretagoiena. Se trata de las tres últimas semilibertades que ha concedido el Departamento de Justicia y Derechos Humanos que dirige la socialista María Jesús San José y que corresponden a los presos de ETA Gregorio Escudero Balerdi, Unai Bilbao Solaetxe y Ibai Arza Beovide. Los dos primeros fueron dos de los asesinos de concejal del PSE-EE de Orio, Juan Pride. Este crimen fue perpetrado el 21 de marzo de 2002 cuando alrededor de las 14.30 horas los terroristas irrumpieron en el bar cercano a su vivienda donde se encontraba tomando un café y le dispararon a quemarropa, alcanzándolo en la nuca y causándole la muerte instantánea. Gregorio Escudero también cuenta entre sus víctimas a José Ignacio Iruretagoiena, concejal del PP de Zarautz, asesinado el 9 de enero de 1998 cuando una bomba lapa instalada en su vehículo explotó mientras él conducía por la calle Urdaneta del municipio guipuzcoano.
La AVT ha denunciado que con estos tres casos el Gobierno Vasco ha traspasado la barrera de los 100 terceros grados aprobados a presos de ETA, que corresponden a un total de 84 internos, ya que 18 son repetidos tras su revocación por la Audiencia Nacional. Según ha informado la AVT, esta asociación está a la espera de conocer si el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García Berro va a recurrir o no estas tres últimas concesiones.
Los datos aportados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo revelan también que el total de presos de la banda terrorista encarcelados en régimen normal son 44, de un total de 134 internos en las prisiones de España, lo que supone un 32% del total. El resto, el 68% de los reclusos, cumple su pena en casa o entran y salen de prisión.
De los 126 reclusos internos en las cárceles de Martutene, Basauri y Zaballa, a 87 se les ha concedido algún tipo de semilibertad. 50 de ellos están en tercer grado, a 17 se les aplica el artículo 100.2, (un segundo grado más flexible), y 20 tienen libertad condicional.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo que preside Maite Araluce, ha indicado que el tercer grado «podrá ser legal, pero no es moral» y han reclamado «un poco de empatía y sentido común». «¿Cómo alguien que ha disparado a quemarropa a otra persona puede empezar a salir de la cárcel 10 años antes del final de su condena? Claro que vivimos en un Estado de derecho y acatamos las leyes, pero consideramos que para delitos tan graves, lo mínimo es exigir el cumplimiento íntegro de las condenas. Matar no puede salir prácticamente gratis», ha manifestado en un comunicado. A juicio de la AVT, estas progresiones de grado está provocando en las víctimas del terrorismo «un sentimiento de revictimización continuo».
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