El Gobierno Vasco aprieta al Ministerio de Díaz para traspasar las prestaciones del paro

Las dos partes son conscientes de que la gestión económica de la Seguridad Social es la transferencia más relevante de todas las que quedan pendientes, puesto que permitiría a Euskadi incrementar un 80% su presupuesto anual actual con 12.000 millones de euros adicionales, según los cálculos del propio Ejecutivo autonómico.

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijaron en noviembre un calendario para ir aprobando su cesión de forma escalonada en tres bloques. La primera etapa contemplaba la transferencia gradual de cinco competencias, comenzando por las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las materias de Inspección de Trabajo no transferidas, para seguir con las no contributivas del SEPE, es decir, los subsidios de desempleo asistenciales, y después ya sí con las prestaciones de paro contributivas, enmarcadas dentro de las políticas pasivas de empleo.

Sin embargo, lo acordado en julio se limitaba solo al traspaso de las prestaciones no contributivas, es decir, aquellas no vinculadas con las cotizaciones, entre las que se encuentran la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, la prestación a familias numerosas, monoparentales y o con madres o padres con discapacidad, la prestación económica por parto o adopción múltiples y el subsidio por maternidad.

Estas prestaciones se gestionarán, previsiblemente, de forma bastante similar a como ya se hace con el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda estatal que desde 2022 es gestionada por Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, en paralelo a la Renta de Garantía de Ingresos que concede el Gobierno Vasco. También en esa reunión de julio celebrada en el Palacio de La Moncloa se dio luz verde a la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar, todo ello dentro del primer bloque de la transferencia de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi.

El acuerdo fue alcanzado en el seno de la Comisión de Cooperación Permanente, en la que tienen presencia representaciones de los dos gobiernos y que está respectivamente presidida por Sánchez y Pradales.

El sabor del balance del encuentro fue agridulce. Se había logrado un primer paso, pero no se colmaban ni por asomo las expectativas generadas. El lehendakari Pradales emplazó entonces a Sánchez a 'poner orden' en el Gobierno central para cumplir el calendario de transferencias pactado. Era una señal enviada directamente a la vicepresidenta Díaz y al equipo del Ministerio de Trabajo, en donde se observa una influencia directa de las tesis de Comisiones Obreras. Pradales volvió ayer a exigir a Sánchez el cumplimiento de lo pactado entre ambas administraciones. En las últimas semanas el mismo lehendakari ha hablado de la necesidad de un gesto por parte de Sánchez que garantice el íntegro cumplimiento del Estatuto.

Lo lógico es que si las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y el Gobierno Vasco fructifican pronto, se convoque en octubre una nueva reunión de la Comisión Mixta de Cooperación. La cita tendría su relevancia porque se entraría ya en la recta final de culminación del Estatuto en un momento clave en la que los partidos vascos negocian en la recámara las bases de un nuevo estatus de autogobierno sobre las bases de una reforma del Estatuto de Gernika, que evite los temas espinosos –como el derecho a decidir– pero incorpore nuevos derechos sociales y el blindaje de las competencias.

Los socialistas observan también expectantes el desenlace de estas conversaciones. El PSE se envuelve también en la bandera de la exigencia del Estatuto, pero sabe que, por ejemplo, la gestión del área económica de la Seguridad Social constituye una patata caliente muy compleja en la que la 'línea roja' es que no se rompa la caja única ni el principio de solidaridad.