El Gobierno traspasa a Euskadi los trámites sobre las autorizaciones de trabajo de personas extranjeras
El Consejo de Ministros aprueba un real decreto que recoge esta materia y se prevé crear una comisión de seguimiento
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto para el traspaso a Euskadi de los trámites vinculados a las autorizaciones laborales para personas extranjeras, ... de forma que se cumple así otro de los acuerdos sellados por el PSOE y PNV en el pacto de investidura de Pedro Sánchez. Hace dos semanas el Ejecutivo central ya dio luz verde a la transferencia de la contratación de personal jurídico que pueda abordar las cuestiones relacionadas con esta nueva competencia.
El real decreto, cuyo procedimiento se inició en la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Gobierno central y Euskadi del pasado 6 de marzo, incluye las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena para extranjeros, las autorizaciones para trabajos de temporada, trámites relacionados con la gestión colectiva de contrataciones en origen e informes de verificación de contratos laborales y de formaciones requeridas para obtener el arraigo sociolaboral. Según aseguró ayer el PNV, será efectivo a partir del próximo 1 de julio.
En paralelo a esta aprobación, apuntaron ayer los jeltzales, el Consejo de Ministros también sacó adelante la ampliación de funciones en materia de inspección laboral traspasadas a Euskadi para acompañar las autorizaciones a personas extranjeras. Además, se prevé la constitución de una comisión de seguimiento para garantizar el traspaso y fórmulas de colaboración como el uso de aplicaciones informáticas, el intercambio de información o la suscripción de convenios y acuerdos.
«Nuestro trabajo en Madrid es defender los intereses de Euskadi y de su ciudadanía. Con el cumplimiento de estos acuerdos vamos poco a poco anotando hitos incluidos en el pacto de investidura. Mientras la legislatura se mantenga ese seguirá siendo nuestro objetivo», señaló la portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero.
Amianto
El Ejecutivo de Pedro Sánchez también aprobó ayer un Real Decreto en el que se establecen los «requisitos y el procedimiento» para reconocer el derecho de la compensación económica para las víctimas del amianto, que percibirán una indemnización a través de un pago único con cargo al fondo de compensación asignado en los Presupuestos Generales del Estado. En total, 25 millones de euros.
El importe económico que recibirán las víctimas, eso sí, variará en función de las afecciones sufridas derivadas de la exposición al amianto, según informan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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