El Gobierno de Sánchez encarrila el fin de la dispersión de los presos de ETA

El anuncio de Instituciones Penitencias en la práctica supone encarrilar el final de aquella estrategia. En el penal de Puerto seguían cuatro internos, dos del colectivo oficial EPPK –Oskar Barreras y Jesús Mari Etxeberria, que irán a Rioja y León– y dos del grupo disidente –Iñaki Bilbao y Dani Pastor– que serán trasladados a Salamanca y Zaragoza, respectivamente. Los cuatro serán clasificados en segundo grado.

Instituciones Penitenciarias también incluye en esta iniciativa el acercamiento de Andoni Murga, que será trasladado de Zaragoza a Martutene; a Jon Zubiaurre y a Liher Aretxabaleta. Estos dos últimos serán conducidos de Burgos a Álava. Murga ingresó en prisión en agosto de 1996 y cumple una condena por 25 años por los delitos de atentado, colaboración con banda armada, tenencia de explosivos y depósito de armas. En mayo de 2025 cumplirá tres cuartas partes de la condena. Según Instituciones Pentenciarias, «acepta la legalidad penitenciaria, rechaza el uso de la violencia y ha remitido un escrito en el que muestra su empatía hacia las víctimas de sus delitos». Lo mismo que Zubiaurre, que cumple una condena de 30 años, y que ha manifestado su «respeto» a las víctimas de sus delitos. Etxeberria cumplirá tres cuartas partes de la condena en septiembre de 2023 y lleva en la cárcel desde diciembre de 2002.

Dani Pastor cumple una condena de 40 años mientras que Iñaki Bilbao, un veterano de la 'línea dura', está condenado a 68 años de cárcel. Este último ha protagonizado en los últimos años diferentes huelgas de hambre, ha sido muy crítico con el cambio estratégico de la izquierda abertzale e, incluso, se desvinculó de ATA por desavenencias personales. En sus juicios amenazó a los jueces Alfonso Guevara – «te voy a dar siete tiros... y te voy a arrancar la piel a tiras», espetó en la vista oral al magistrado–, Fernando Andreu y Baltasar Garzón. Fue condenado por el asesinato del concejal socialista de Orio, Juan Priede.

Durante las últimas semanas, el PP, Vox y la Asociación de Víctimas del Terrorismo han criticado duramente la estrategia de acercamientos de Sánchez, que la vinculan a una política de «concesiones políticas» ante EH Bildu para garantizar su respaldo parlamentario en la legislatura.

A pesar de este marcaje, Interior ha mantenido una política de traslados a cuentagotas casi cada semana, que ha querido sacar del ámbito de la negociación política, a pesar del discurso de la oposición, que no se cree que el asunto dependa estrictamente de las juntas de tratamiento penitenciario, como alega el Ejecutivo, que sitúa en los órganos, integrados por profesionales, y en los jueces de vigilancia, las decisiones definitivas, incluida la posibilidad de recursos.

El fin de la dispersión llevará ahora a Etxerat y a los diversos colectivos en defensa de los reclusos a exigir el fin de las políticas de excepcionalidad que, en su opinión, dificultan la concesión de permisos penitenciarios ordinarios así como la clasificación de los penados en tercer grado.

A partir de ahora, estos movimientos centrarán sus esfuerzos en exigir que los presos que cumplen sus condenas a menos de 300 kilómetros sean acercados al País Vasco o Navarra o comunidades limítrofes. En este paquete reivindicativo también incluyen a los internos que sufren enfermedades graves, para los que solicitan la excarcelación.

Según sus cálculos, a 134 presos del EPPK les correspondería teóricamente la aplicación del tercer grado y hasta 63 deberían poder salir en libertad condicional.

De acuerdo con sus datos, el número de presos del EPPK trasladados por el Gobierno de Pedro Sánchez es de 190, de los cuales 60 lo han sido a las prisiones de Euskadi y Navarra.