El Gobierno impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla
El Ejecutivo da un mes de plazo al Consistorio de la localidad murciana para revocar la decisión antes de llevarla a los tribunales
El Gobierno escaló este lunes su pulso con el PP en migración al impugnar el pacto que los populares firmaron con Vox el 28 de ... julio que busca impedir el uso de instalaciones municipales para actos de la comunidad islámica como la fiesta del cordero o el final del Ramadán. Lo hizo a través de un requerimiento impulsado conjuntamente por la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y de los ministerios de Justicia y Política Territorial en el que critican que las razones esgrimidas por la corporación municipal, dirigida por la alcaldesa, Severa González –que perteneces a la formación presidida por Alberto NúñezFeijóo– no cuentan con «sustento legal» ya que estas celebraciones, señalan, «se vienen celebrando desde hace años» y ahora, prosigue el documento, «se restringen de forma arbitraria» lo que «vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa» que recoge el artículo 16.1 de la Constitución.
El documento, además, precisa que, con la aprobación de la iniciativa, se vulnera el principio de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa, al tiempo que hace referencia a la exigencia de motivación suficiente en la restricción del uso de espacios públicos conforme a la normativa estatal. También considera que «la motivación real» del acuerdo adoptado por PP y Vox en el municipio murciano «no responde a criterios técnicos ni organizativos, se aparta de los criterios legales de gestión de los usos de los bienes públicos y, además, no responde sino a una finalidad ideológica de exclusión religiosa, expresamente reconocida por sus promotores».
El documento también señala que la medida adoptada por el pleno «excluye de facto a una confesión religiosa minoritaria (la musulmana), sin ofrecer alternativas razonables ni acreditar incompatibilidad funcional».
Con este requerimiento, el Ejecutivo da un paso más y entra de lleno en una polémica sobre la que hasta ahora solo se había pronunciado en contra. Los socialistas, como defiende la delegada del Gobierno en la comunidad, Mariola Guevara, están dispuestos incluso a llegar a la vía judicial y elevar su reclamación al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo si el Ayuntamiento del municipio murciano no «rectifica» y da marcha atrás en el plazo de un mes (fijan el próximo 11 de septiembre como fecha límite).
Al mismo tiempo, esta cuestión sirve a Ferraz para azuzar la supuesta coincidencia de PP y Vox en asuntos migratorios y explotar la dependencia que estos tienen en algunos gobiernos locales y autonómicos de los de Santiago Abascal para sacar adelante los presupuestos. En esa línea, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, no hizo este lunes distinción y acusó a ambas formaciones de «institucionalizar la islamofobia y el racismo» tras la moción aprobada en Jumilla. «Cada pacto presupuestario que se da entre el Partido Popular y Vox, cada pacto de investidura que se da entre la derecha y la ultraderecha, hay un derecho que se recorta. Y no solo es que haya un derecho que se recorta sino que además la escalada es tan grande que incluso ahora como se ha demostrado en Jumilla son capaces de institucionalizar la islamofobia, de institucionalizar el racismo», ha señalado Mínguez en un vídeo difundido por los socialistas.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, añadió que «frente a la deriva extremista» de PP y Vox, el Gobierno defiende «la Constitución, los derechos y la libertad religiosa». «Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia», zanjó.
La polémica
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Acuerdo PP-Vox «A fin de que el uso de dichas instalaciones sea exclusivamente para uso deportivo o actos organizados por el Ayuntamiento (...) y en ningún caso para actividades culturales o religiosas».
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Artículo 16.1 de la Constitución «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación que (...) el mantenimiento del orden público».
La polémica, que el PP cree que al Gobierno le está sirviendo para «hacer ruido», se inició a raíz de una moción de Vox que proponía explícitamente que se prohibieran celebraciones islámicas en el municipio, de unos 27.200 habitantes y con una amplia comunidad musulmana –se calcula que alrededor de 1.500 vecinos profesan esa religión–. Los de Abascal condicionaron el apoyo las Cuentas públicas del PP en el municipio al impulso de esta iniciativa. Finalmente, los populares optaron por modificarla de forma que no señalase directamente a esta religión, sino que prohibe, de forma genérica, las celebraciones religiosas, culturales y sociales en polideportivos del municipio. Solo que hasta ahora los fieles islámicos eran los únicos que pedían hacer uso de estos espacios.
Advertencia para el futuro
El requerimiento incluye una advertencia que va más allá de Jumilla y apunta directamente a otros acuerdos entre PP y Vox en este sentido. «Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno», reza el texto.
La comunidad islámica de Jumilla baraja, por su parte, la construcción de una nueva mezquita en el municipio, más grande que las dos existentes en la localidad y con terreno al aire libre donde se puedan celebrar estas festividades, ya que ambas, según el rito islámico, no pueden hacerse bajo techo. Este nuevo centro se construiría a las afueras del pueblo.
El PP acusa al Gobierno de «hacer ruido para sacar un beneficio»
María Eugenia Alonso
Para el PP, el requerimiento presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez para anular el acuerdo que impide al colectivo musulmán el uso de las instalaciones deportivas de Jumilla responde a un intento del Ejecutivo por «hacer ruido para buscar un beneficio». El vicesecretario económico, Juan Bravo, insistió este lunes en que «la moción aprobada definitivamente no veta absolutamente nada y no habla de confesiones». «No es nada de lo que se está intentando trasladar ni desde un partido ni desde otro», aseguró en referencia a las declaraciones vertidas tanto por el PSOE como por Vox y tras expresar su respeto a la posición de la Conferencia Episcopal.
Según Bravo, ambas formaciones se retroalimentan para «buscar la confrontación para polarizar al conjunto de los españoles». En el caso de los de Santiago Abascal también para «tener un titular» y en el de los socialistas para «dejar de hablar de la corrupción, de Cerdán, o de la financiación« de su partido. Pero »ahí«, dijo, no va a entrar el PP.
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