El Gobierno central construirá la cárcel de Zubieta y luego la traspasará
La competencia de Prisiones acordada este vierrnes por los gobiernos central y vasco está valorada en 70 millones, que se descontarán del Cupo, y Martutene volverá a ser del Estado en 2023
Los gobiernos central y vasco cerraron este viernes una ardua negociación que se ha prolongado durante tres meses para pactar un paquete de cuatro ... transferencias que se firmarán en una Comisión Mixta el 10 de mayo, una semana después de que se celebren las elecciones madrileñas del 4-M, que amenazaban con retrasar 'sine die' el acuerdo. La gestión de los centros penitenciarios es, sin duda, el traspaso más esperado de este primer bloque.
Cuando la competencia de Prisiones se haga efectiva, el Gobierno Vasco asumirá las tres prisiones que hay operativas en Euskadi -Martutene, Zaballa y Basauri-, en las que cumplen condena cerca de 1.300 reclusos y trabajan 700 funcionarios. Una de las cuestiones que han complicado la negociación de este traspaso es cómo se resolvía el proyecto de la nueva cárcel de Zubieta, que sustituirá a la de Martutene en la primavera de 2023.
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Las cuatro transferencias acordadas por los gobiernos central y vasco
El acuerdo anunciado ayer por el Gobierno Vasco establece que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se hará cargo de la construcción del nuevo centro penitenciario de Zubieta, que será transferido a Euskadi cuando se concluya. En ese momento, la titularidad de la cárcel de Martutene volvería a manos del Estado. Por lo que el Ayuntamiento de San Sebastián debería negociar con el Gobierno central -de una forma similar a como lo está haciendo ahora con los cuarteles de Loiola- para la compra de los terrenos de Martutene para el desarrollo urbanístico de la ciudad.
Las obras de construcción de la cárcel de Zubieta fueron adjudicadas por el Gobierno español el pasado mes de marzo, por un importe cercano a los 39 millones de euros. Los trabajos deberán ejecutarse en 22 meses, por lo que, según los plazos de obra establecidos, el nuevo complejo será una realidad en primavera de 2023.
Según el acuerdo entre gobiernos anunciado ayer, los tres edificios que albergan las prisiones que están operativas en estos momentos serán traspasados a Euskadi, que asumirá su propiedad en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían al Estado. La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares. Este centro ya no acoge a presos y parte de sus dependencias son utilizadas para alojar a funcionarios de prisiones.
La consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, explicó que alrededor de 700 personas trabajan en las prisiones vascas. En su mayoría, se trata de funcionarios de prisiones y el resto es personal laboral. El Gobierno Vasco integrará a estas personas en la Función Pública vasca, y se hará cargo de sus retribuciones. Los derechos adquiridos por estos empleados serán respetados. Aunque Garamendi no concretó si los actuales directores de las cárceles vascas seguirán en su cargo.
La valoración económica de la transferencia asciende a 70 millones de euros, cantidad que se descontará del Cupo, que es la suma anual que Euskadi paga al Estado por los servicios que presta en la comunidad autónoma.
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