93 funcionarios dejan las prisiones vascas y Justicia forma interinos para relevarles en junio

Con cerca de 570 funcionarios en cartera –según los datos facilitados por Justicia–, «37 dejarán Zaballa, 23 se irán de Basauri y 33 harán lo propio en Martutene». No será una salida inmediata. Este complejo proceso interno, abierto a nivel nacional, se oficializará a mediados de marzo. A partir de ahí, y para evitar un colapso en los diferentes centros penitenciarios afectados por los movimientos, el trasvase de personal será paulatino. Por lo que no concluirá antes de la tercera semana de junio.

Gracias a este colchón temporal, la Consejería dirigida por la socialista María Jesús San José, confía en responder a tiempo a semejante cambio y cerrar de manera definitiva unos meses muy convulsos intramuros. Su choque con buena parte del personal penitenciario derivó en diciembre en una desconocida oleada de bajas, con el consiguiente cierre de servicios. Además, 197 trabajadores rellenaron una instancia oficial para cambiar de destino y marcharse de Euskadi. La mitad ha logrado su propósito. En este enmarañado contexto, sindicatos como ACAIP-UGT, CC OO y CSID repiten como un mantra las razones de tamaño desencuentro. «Sobrecarga extrema de trabajo», «falta de personal» y «una RPT (relación de puestos de trabajo anunciada en noviembre) hecha de manera unilateral».

Sin opciones reales de una reconciliación a corto plazo, el Gobierno Vasco ultima un plan B para contrarrestar la fuga de estos 93 funcionarios, todos de carrera y con una vasta experiencia carcelaria a sus espaldas. Como contrapartida, cabe recordar que justo ayer concluyeron su periodo de formación 60 futuros interinos.

A este contingente de nuevo cuño se añadirá en próximas fechas otros treinta de empleados temporales que aguardan su oportunidad para trabajar en alguna de las tres prisiones vascas. La suma de ambos grupos «compensará» las marchas por el concurso de traslados, señalan desde el Ejecutivo.

Sin embargo, la decidida apuesta por estos empleados sin plaza fija ha generado numerosas críticas entre los sindicatos y parte de la plantilla fija al entender que carecen de la formación de los trabajadores de carrera. Desde Justicia se defienden. Una portavoz oficial desgrana que este grupo recibe primero «una formación de dos semanas en la que se ve una parte más teórica sobre las características del sistema penitenciario vasco, legislación general, penitenciaria, normativa... Cuestiones de este tipo».

En breve saltarán a una segunda etapa «más práctica». Entre otros encargos, «visitan los centros y se les enseña a manejarse en situaciones complejas, a conocer los protocolos existentes para actuar en según qué situación». Por ejemplo, cómo actuar ante casos de intento de suicidio o hacer sujeciones de reclusos que se muestren violentos o agresivos. Fuentes de la plantilla consideran «insuficiente» este periodo de aprendizaje.

Cuando a mediados de junio como tarde, estos 90 nuevos interinos arranquen sus trabajos seguirán con un seguimiento especial. «Tienen una tutoría de un mes de duración con un trabajador veterano para que se vayan familiarizando con el lugar, los protocolos y las situaciones, con la supervisión y ayuda de esta persona», insisten desde Justicia. Por cierto, ese acompañamiento estará remunerado. «Se les pagará por esta tutoría», insisten desde el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.

La percepción cambia al consultar estas novedades a las bases. «Estas incorporaciones crearán más conflicto entre los trabajadores. Las denuncias entre compañeros serán el pan nuestro de cada día. En la actualidad ya hay muchos roces y se están solucionando entre nosotros, pero esto no durará mucho», advierte un veterano de Zaballa, la cárcel más grande del País Vasco con 905 internos. Basauri cobija a 432 delincuentes y Martutene, a 365. Eso sí, en los centros penitenciarios de Bizkaia y Gipuzkoa, los presos de tercer grado (que pasan el día fuera y regresar para dormir) son mayoría, por lo que el número de funcionarios es más reducido.

Asimismo, las bajas y las marchas de funcionarios han obligado al Ejecutivo vasco a tirar de una bolsa de trabajo constituida «en agosto de 2022». Había apuntadas más de 800 personas. La mitad ni respondió a las llamadas del departamento. Ese silencio lleva a pensar que ya se emplean en alguna otra institución o en el sector privado.

En previsión de que en los próximos meses necesiten refuerzos, este departamento trabaja en la convocatoria de otra nueva bolsa de trabajo. En breve, encargarán esta labor al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), adscrito a Gobernanza Pública y encargado de «la selección y la formación del personal al servicio de las administraciones públicas vascas».