El fiscal general atribuye la revelación al «aparato institucional» de Ayuso

En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, insiste en que no hay delito porque lo único que hizo su cliente fue reaccionar, «en el legítimo ejercicio de sus competencias», «para evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía y de los miembros del Ministerio Fiscal cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación».

La defensa rechaza, en suma, el relato del magistrado instructor Ángel Hurtado, que se ha mostrado convencido sin pruebas objetivas de que la noche del 13 de marzo de 2024 García Ortiz filtró a un redactor de la Cadena Ser -quien informó del asunto a las 23:23 horas- el correo electrónico que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero anterior al fiscal de su caso. Un mail en el que se ofrecía a reconocer los dos delitos fiscales por los que estaba investigado a cambio de un pacto extrajudicial.

Los servicios jurídicos del Estado realizan un relato cronológico para sostener su tesis exculpatoria. Desde el 23 de enero de 2024, cuando la Fiscalía comenzó a investigar a González Amador, hasta el 14 de marzo de ese año, cuando se difundió la famosa nota de prensa aclaratoria con el intercambio de correos entre el abogado del empresario y el fiscal Julián Salto. Un relato temporal que evidencia que «no existe ninguna conexión lógica» entre la publicación del citado 'email' en la Cadena Ser y el papel como presunto filtrador de García Ortiz.

La defensa expone que fue la información publicada por el periódico Eldiario.es, el 12 de marzo de 2024, y que sus periodistas conocían desde el día 6, tal y como declararon, la existencia de una investigación contra González Amador, lo que dio lugar a «una operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para contrarrestar la repercusión política negativa de la noticia».

Para ello, detalla, se construyó «un relato alternativo en el que se presentaba a González Amador como la víctima de una operación política llevada a cabo desde el Gobierno, con la ilícita complicidad de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Fiscalía, para desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid».

La Abogacía sitúa el foco en las acciones llevadas a cabo por el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, «al menos desde las 19:00» del 13 de marzo de 2024, cuando envió a «un número no determinado de periodistas» por el canal de WhatsApp una serie de mensajes donde «se trasladó intencionadamente dos informaciones que no se correspondían en absoluto con la realidad: que la propuesta de conformidad había partido del Ministerio Fiscal y que al fiscal encargado del asunto se le prohibió alcanzar un acuerdo».

Y añade que, «además de hacer circular entre los periodistas su versión tergiversada de los hechos», «en hora no determinada del 13 de marzo de 2024», puso en contacto a González Amador con un periodista de El Mundo, asegurando que «fruto de la conversación que ambos mantuvieron, y de la documentación que se le hizo llegar», ese periódico publicó esa «información tergiversada».

Prosigue que, a las 22:41 de ese 13 de marzo, Rodríguez «reiteró, esta vez públicamente, sus graves acusaciones contra la Fiscalía, publicando en su cuenta de X (antes Twitter) que ésta había tenido que retirar por 'órdenes de arriba' la oferta de acuerdo que antes le había hecho a González Amador». La defensa de García Ortiz sostiene que, «con la noticia publicada a las 21:29, fue El Mundo el que reveló tres datos esenciales: que González Amador reconoció ante la AEAT los hechos que dieron lugar a la denuncia por delitos fiscales; la existencia de una propuesta de conformidad; y el contenido de dicha propuesta».

«En consecuencia, El Mundo trasladó a la opinión pública la existencia de correos electrónicos entre el letrado de la defensa y la Fiscalía de Madrid, así como el núcleo esencial de las informaciones relativas a González Amador», afirma la Abogacía del Estado en defensa del fiscal general.

En este punto pone de manifiesto que, «hasta la publicación de esta información, el fiscal general desconocía la existencia de correos electrónicos entre el fiscal encargado del caso y el abogado de González Amador», enfatizando que «no fue sino hasta las 23:44» del 13 de marzo cuando «recibió el correo electrónico cuyo entrecomillado transcribía el artículo publicado por El Mundo».

Sobre esto, explica que lo publicado por El Mundo provocó en Fiscalía, «primero, el desconcierto por lo que se estaba publicando y, después, la preocupación por la confusión que se estaba generando sobre los hechos y, sobre todo, por la imputación pública de graves irregularidades en la actuación de la Fiscalía».

Por eso, esgrime, García Ortiz «decidió activar con carácter urgente» la dación de cuenta en el seno del Ministerio Público para averiguar «los hechos reales». De esta forma, precisa que a las 21:59 del 13 de marzo recibió el grueso de los 'emails' entre Fiscalía y la defensa de González Amador, si bien recalca que no fue hasta las 23:44 cuando tuvo la cadena completa, al recibir en ese momento el de 12 de marzo al que aludía El Mundo.

La defensa entiende que fue «la estrategia de comunicación puesta en marcha por la Comunidad de Madrid» lo que «desencadenó dos procesos independientes pero que se desarrollaron de forma paralela en el tiempo», concluyendo con la publicación de una información que González Amador denunció como revelación de secretos.

En cualquier caso, aduce que fue el abogado de González Amador quien rompió «unilateralmente cualquier supuesta confidencialidad del correo electrónico de 2 de febrero», al enviarlo a una cuenta de correo electrónico genérica de la Fiscalía y a un abogado del Estado que no tenía relación con el caso. Así, dice que antes de que Eldiario.es publicase, «había, solo en la Fiscalía, alrededor de 600 personas que podían haber tenido acceso» a las pesquisas contra González Amador, a lo que suma «el personal del Decanato de los Juzgados de Madrid».

Alude asimismo a lo que el instructor Hurtado considera un indicio contra García Ortiz: el borrado de su móvil y de su cuenta personal de correo. La Abogacía reitera que el primero lo venía haciendo con «regularidad» por seguridad y atribuye el segundo y el cambio de teléfono a que se hicieron públicos y empezó a recibir mensajes «hostiles». Respecto a la prueba de cara al juicio, propone las testificales del propio González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez, entre otros, y rechaza la del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que reclama una acusación popular.