Las familias de los ocho jóvenes condenados por las agresiones de Alsasua recurrirán al Tribunal de Estrasburgo

Los padres de los ocho jóvenes de Alsasua condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre 1 año y medio y 9 años y medio de prisión por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en 2016 han anunciado su intención de llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Antxon Ramírez, padre de uno de los jóvenes condenados por la Audiencia Nacional el 1 de junio del pasado año acusados de las agresiones a dos guardias civiles y sus novias en un bar de Alsasua la madrugada del 15 de octubre de 2016, ha comentado en rueda de prensa que este caso llegará a Estrasburgo, un tribunal que «le va a decir al Estado español una vez más que la Justicia deja mucho que desear».

Ramírez, quien ha estado acompañado por Izaskun Etxeberria, de la plataforma Alsasukoak Aske, ha afirmado que, pese a que el Supremo rebajó algo las condenas por el caso Alsasua, tiene una sensación «de dureza, de crueldad».

Los jóvenes de Alsasua, ha declarado, «están ya con tranquilidad, pensando en la nueva fase» y estudiando junto a sus abogados «factores que les pueden beneficiar para que puedan salir» de la cárcel, como los permisos o el tercer grado. «Hemos asimilado el castigo», ha dicho Ramírez, quien ha subrayado: «Ahora tenemos que responder, porque la vida sigue y los chavales tratarán de no perder el tiempo, que bastante tiempo les han hecho perder en esta época clave en su vida«.

En un comunicado leído en euskera por Etxeberria y en castellano por Ramírez, los padres y madres de los jóvenes han mostrado su «indignación, enfado, impotencia y rabia ante esta sentencia, que apuntala y confirma la injusticia, el alargamiento del sufrimiento y la absoluta excepcionalidad de este caso«.

«Si han intentado maquillar la injusticia, no lo han conseguido; esto es una barbaridad y un despropósito», han asegurado los familiares de los jóvenes, que han denunciado que en la Audiencia Nacional ha habido un juicio «lleno de irregularidades, falto de garantías y un proceso marcado por la omnipresencia de la Guardia Civil». En este caso, han resaltado, «no se ha hecho justicia, se ha confirmado la injusticia».

Los familiares han considerado que esta sentencia «se enroca en mantener y poner en valor los oscuros objetivos de este montaje, con implicaciones políticas, mediáticas y judiciales que se esconden tras la excepcionalidad de este caso». Se trata, han añadido, de «un durísimo e injusto castigo humano, para mantener la utilización perversa de este caso».

Por estos motivos, han hecho un llamamiento a la solidaridad y la movilización y en este sentido han anunciado la convocatoria de una manifestación frente al Palacio de Justicia de Pamplona el próximo 26 de octubre.

Por su parte, el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha asegurado que la rebaja de las penas decretadas por el Supremo es «un intento por blanquear, rebajar o minimizar los errores de los pasos anteriores», y ha reiterado su denuncia de «la injusticia» sufrida por los ocho jóvenes encarcelados.

En este sentido, ha destacado que este caso «nunca debió juzgarse en la Audiencia Nacional», y que, «de tener que juzgarse, se debía haber hecho en un juzgado ordinario, en Navarra, como se hace con todos esos casos parecidos que suceden cada año en el Estado español».

Por contra, la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha expresado su «completo» respaldo con el voto particular de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Alsasua, pues mantiene que aquel incidente no fue una «pelea de bar», sino que los guardias civiles fueron agredidos como consecuencia al «odio» que a su juicio generó ETA contra las Fuerzas de Seguridad.