La falta de personal y el aumento de internos en un 25% tensionan las cárceles vascas

Se marcharán 37 trabajadores veteranos de Zaballa, 33 de Martutene y 23 de Basauri, lo que supone un 16% del total. La consejería de Justicia y Derechos Humanos que lidera la socialista María Jesús San José quita hierro a las quejas de los trabajadores, asegura que «no hay indicios de situación crítica» y desliga los cambios de destino de trabajadores con que haya un descontento en la plantilla. Fuentes de Justicia explican que tras conocer el listado definitivo de traslados, este sábado, disponen de un periodo de retención de esos trabajadores de tres meses hasta que se van definitivamente. El Gobierno Vasco asegura que hará los ajustes necesarios para cubrir las 93 plazas con varios grupos de interinos que ya han sido formados.

El concurso de traslados que ahora culmina es la primera oportunidad que han tenido los 600 funcionarios transferidos hace tres años y cinco meses para optar por otros destinos –muchos proceden de Galicia, Castilla-León o Asturias–. En su momento el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo vasco del entonces lehendakari Iñigo Urkullu acordaron garantizar la estabilidad de las plantillas mientras se organizaba el sistema penitenciario vasco tras asumir las competencias y se optó por no convocar ningún concurso de traslados. En este tiempo, se han producido jubilaciones de trabajadores que no se han sustituido por funcionarios de carrera y se ha dado un aumento progresivo de la población reclusa, –en un primer momento por el traslado de presos de ETA a Euskadi, pero también por el aumento de la delincuencia–, lo que ha complicado la situación en las prisiones vascas y con ello las condiciones laborales del personal.

En ese contexto, funcionarios de carrera con larga experiencia carcelaria en los tres centros penitenciarios vascos denuncian la «lentitud» del Ejecutivo vasco, desconfían de la Administración y acumulan un enorme descontento que, según los sindicatos, es «en parte» la causa de la marcha del casi centenar de trabajadores a cárceles de otras comunidades. Desde Comisiones Obreras, su delegada en la prisión de Zaballa explica que el Gobierno Vasco «no ha dado respuesta a nuestras reivindicaciones en todo este tiempo, no ha llevado a cabo ninguna oferta pública de empleo que aborde el déficit estructural que sufren las plantillas de los tres centros y su única solución pasa por la contratación de interinos sin experiencia».

Esa apuesta del Gobierno Vasco por empleados sin plaza fija ha generado numerosas críticas de la plantilla de funcionarios de carrera. «Siempre ha habido carencia de trabajadores, pero estos tres últimos años largos mucho más. El Gobierno Vasco estaba ya avisado pero no ha respondido a tiempo», explica la delegada de CC OO desde su experiencia en la prisión alavesa. Considera que «es un despropósito contratar gente de la calle para trabajar en una prisión sin ninguna formación ni preparación, más allá del escaso curso de formación que les están dando».

Fuentes del Gobierno Vasco indican que los interinos tienen una formación teórica de dos semanas y otra parte más práctica, dentro de las cárceles, donde se les enseña a manejarse en situaciones complejas y a conocer qué protocolos existen, y que una vez que entran a trabajar tienen una tutoría de un mes de duración. La delegada de CC OO contrapone este modelo con el de los funcionarios de carrera que han superado una OPE. «Son tres años de preparación para afrontar unos exámenes muy exigentes, luego deben pasar un reconocimiento médico y cumplir más de un año de prácticas», expone la trabajadora de Zaballa, donde la población reclusa ha pasado de 600 a 898 personas. Remarca que «no se puede estar trabajando y enseñando a la vez cuando somos dos funcionarios para 90 internos y te toca estar con un interino que no te puede ayudar porque no sabe».

«Esto es un polvorín y los trabajadores que llegan de las bolsas de empleo no saben gestionar. Hay que saber dialogar. Hay que saber bajar el tono y relajar cuando hay una tensión y puede haber una pelea violenta». «Estamos hablando de que hay muchos internos que tienen problemas mentales y otros perfiles muy complicados. Hay asesinos de todo tipo, violadores, pedófilos... Aquí los que se comportan mejor son los presos de ETA», apunta.

Juan Carlos Díaz, coordinador de ACAIP-UGT en Euskadi y trabajador en la prisión de Basauri, apunta que desde que llegó la transferencia de Prisiones había una previsión de generar «unas condiciones laborales que resultaran atractivas, pero no ha sido así. Todo ha ido demasiado lento». Expone que «el tiempo se ha ido pasando y dado el hartazgo considerable de la plantilla porque no se han cumplido las previsiones que había con la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) –se ha aprobado el pasado octubre con 287 nuevas plazas– y las condiciones laborales asociadas a ella, muchos se han sentido ninguneados y han optado por pedir el traslado».

Ahora lo que viene, asegura Díaz, «es un incendio, porque nos vamos a quedar en una situación muy complicada». En estos momentos hay un grupo de treinta interinos trabajando ya en los centros y está prevista la entrada de otros 64, «que ya veremos quién acude y quién no cuando les oferten las plazas». Añade además otro factor, «el brutal incremento de la conflictividad», con agresiones, muchísimas situaciones de conflicto por el alto porcentaje de reclusos que están entrando, básicamente extranjeros, jóvenes y con unos perfiles de policonsumición de todo tipo de sustancias. Recuerda, como ejemplo, el intento de asesinato de un funcionario por parte de un interno que hizo lo que se denomina 'el mataleón', una llave de estrangulación por el cuello, afortunadamente sin éxito.