Euskadi presiona a Sánchez y avisa que no aceptará «mercancía averiada» en los traspasos

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Fuentes de Lehendakaritza insistieron ayer que es el propio Sánchez el que deberá poner orden en su propia casa y en el seno de los ministerios. De entrada se sugiere que el propio Ministerio de Política Territorial, que es el encargado de cerrar políticamente las negociaciones con el Ejecutivo autónomo, el que podría admitir, al parecer, cierto malestar con algunas dilaciones desde determinados ministerios que plantean recelos políticos y jurídicos a determinados traspasos. No quieren concretar cuáles son los ministerios involucrados pero podría tratarse de los ministerios de Transporte, y Seguridad Social e Inmigración.

En todo caso, desde Lehendakaritza y los departamentos del PNV no se oculta un creciente malestar con la actitud del Gobierno central. Se transmite una señal de profunda preocupación porque el tiempo pasa y porque desde el Ejecutivo central se argumentan todo tipo de maniobras políticas y administrativas para impedir que se cumplan los acuerdos establecidos. Por un lado, se planteaba buscar una fórmula de consorcio para integrar a la Administración vasca en la cogestión de los aeropuertos. Este asunto suscita el rechazo radical de AENA, la actual sociedad que gestiona los aeropuertos españoles y que tiene un 49% de capital privado. Por otra parte, el traspaso del puerto de Pasaia tropieza también con un severo escollo político. El abogado del Estado esgrime un informe jurídico que ve muy problemática la transferencia desde el punto de vista jurídico, en el sentido de que dar luz verde a la misma pasa necesariamente por renunciar a la consideración de Pasaia como puerto de interés general, una decisión que, en su opinión, puede afectar negativamente en la competitividad de la infraestructura.

Otro asunto más a medio plazo que tiene que ver con estos escollos es el del informe preliminar sobre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

En el seno del Gobierno Vasco, los socialistas han expresado su apoyo a la defensa del Estatuto pero desde el carril central de la negociación, sin una escenificación de tiras y aflojas que, interpretan, forma parte sobre todo de una reivindicación de la narrativa del nacionalismo para ejercer presión sobre Madrid. Argumentan que el desarrollo final del Estatuto es lo suficientemente complejo como para insistir en la vía del diálogo.

El Gobierno Vasco, al menos el Departamento de Gobernanza y Autogobierno que dirige la jeltzale María Ubarretxena han encendido las luces rojas al detectar serios obstáculos políticos. La consejera ha advertido de serios obstáculos políticos a falta de mes y medio para que pueda cumplirse el acuerdo. Ubarretxena, que es la principal interlocutora con el Ministerio de Política Territorial, espera un movimiento político al más alto nivel en un contexto en el que Sánchez necesita también apaciguar al PNV a los pocos días de que Junts haya anunciado su ruptura definitiva con el Gobierno central.

En las últimas semanas, el mismo Pradales ha lanzado estos mensajes a la Administración central. Ha lamentado de hecho que se olvide con frecuencia que «el Estatuto fue la plasmación de un pacto político refrendado mayoritariamente por la sociedad vasca y que quien lo incumple, no solo no respeta su voluntad, sino que actúa en menoscabo de los valores democráticos». «El objetivo –ha insistido– es claro: cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika». Y el plazo, en virtud del compromiso asumido por el propio Sánchez, es inequívoco: 31 de diciembre. Ya el pasado último 31 de julio, el mismo lehendakari incidió en la tesis de que el presidente del Gobierno tenía que 'poner orden' en la negociación ya que «podía pasar a la historia como el presidente que saldó una deuda histórica con Euskadi».