La Euskadi post-ETA: víctimas en el centro, sin 'ongi etorris' y «convivencia en la diversidad»

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha sido la encargada de presentar hoy el 'Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad 2021-2024' –el tercero bajo el mandato de Urkullu-, un documento de 36 folios que sitúa bajo el paraguas común del respeto escrupuloso de los derechos humanos a la Euskadi que afronta realidades tan dispares como la superación de medio siglo de violencias, las pulsiones derivadas de la globalización y la emergencia pandémica, la conquista pendiente de la igualdad total, la inmigración, la pluralidad de sentimientos de pertenencia e identidad o el reto del envejecimiento. El texto hace un canto a la diversidad, interpretada no como fuente de dificultades o un «imperativo que estamos condenados resignadamente a aceptar y gestionar», sino como una ocasión histórica para avanzar hacia una «mejor convivencia» y «con memoria». «Una convivencia, en definitiva, que nos permita a todos y a todas sentirnos parte de una comunidad abierta e inclusiva», subraya como aspiración el texto.

Tras el reajuste efectuado en el Gobierno a raíz de las elecciones autonómicas celebradas hace diez meses y el pase de Jonan Fernández a la coordinación del LABI contra la pandemia, el plan se ubica por primera vez en el departamento 'ómnibus' que dirige Artolazabal y al que se ha incorporado como viceconsejero José Antonio Rodríguez Ranz, exvicerrector del campus donostiarra de la Universidad de Deusto. El proyecto parte de un marco general en el que se apuntan cuatro grandes inquietudes –un escenario global «de riesgo» para los derechos humanos, el «persistente impacto» de la crisis económica, los efectos del Covid-19 y un orden internacional «disfuncional»-, acompañadas a su vez, en el aterrizaje a Euskadi, de tres «esperanzas»: el cierre del ciclo de la violencia, la paulatina «feminización» de los asuntos públicos y los consensos en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es a partir de aquí cuando el Gobierno establece sus principios y actuaciones para la Agenda Vasca para la Convivencia, la Agenda Global de los Derechos Humanos y la Agenda Vasca para la Diversidad.

Es en la primera de esas tres agendas la que dibuja la Euskadi post-violencias que contempla el Ejecutivo. El texto no cita ninguna sigla partidaria ni atribuye responsabilidades a la izquierda abertzale. Pero sí constata que el terror ha dañado la convivencia, insta a efectuar una «reflexión crítica» sobre el pasado como un «deber que nos incumbe a todos» para «garantizar la no repetición» y sentencia que la actividad armada de ETA «no fue consecuencia natural de un conflicto político, sino resultado de la sinrazón de una decisión voluntaria y consciente», en un contexto en el que afloraron vulneraciones de derechos humanos por parte de «grupos terroristas de extrema derecha» y «en ocasiones un uso ilegítimo de la violencia» también por el Estado. Bajo la asunción de que se ha actuado «tarde» en este terreno y que «la deuda» aún está por pagar, el bipartito PNV-PSE sitúa en el epicentro de su política de memoria a todas las víctimas de todas las violencias «sin equiparaciones, sin compensaciones, sin exclusiones» y reivindica su derecho común a la «verdad, memoria, reconocimiento, reparación y justicia». El plan recuerda las iniciativas desarrolladas en Euskadi en este terreno, a lo que suma la legislación propia para resarcir también a los damnificados por la violencia policial o asimilable.

En paralelo, y sobre el cimiento de que la evaluación crítica del pasado exige admitir la injusticia del «daño causado», el Gobierno aboga por «normalizar» la política penitenciaria al calor del traspaso de la competencia de Prisiones que se materializará el próximo 1 de octubre; una gestión que se pretende más humanitaria para favorecer la resocialización de los reclusos. El texto, no obstante, no se queda ahí, al adentrarse en dos materias que no dependen del Gobierno Vasco. Por una parte, el plan enmarca el acercamiento de presos como una de las medidas que puede coadyuvar a su rehabilitación y, por otra, subraya que la política penitenciaria «se concibió y ejecutó como una pieza más de la lucha antiterrorista». Por ello, aboga por «deconstruir la cultura de la excepcionalidad» penal, procesal y carcelaria y «reorientar» la legislación hacia «los principios de humanidad, proporcionalidad y resocialización». Este apartado concluye con un rechazo expreso a la celebración pública de homenaje a los presos de ETA, que «de facto suponen una exaltación simbólica de la cultura política de la violencia y una revictimización de las víctimas».

El corolario de la estrategia propuesta es el afianzamiento de una «Euskadi con memoria», a través de una «mirada inclusiva, abierta y empática» que no distinga entre el padecimiento de «los míos» y de «los otros». Una mirada «valiente», con «alma y corazón», crítica y ética que ejerza como «instrumento de cohesión» social «sin odio, sin resentimiento y sin afán de venganza». La apuesta por una 'memoria de memorias', por una «memoria compartida», identifica el escollo que tiene ante sí el plan para intentar concitar un consenso mínimo sobre el mal que representó la violencia. Consenso que no ha sido posible labrar en la ponencia parlamentaria sobre paz y convivencia, en la que no participa el PP y en la que EH Bildu persevera en su negativa a reconocer y condenar explícitamente el daño causado por ETA fuera de su contextualización entre todas las violencias genéricas. El proyecto del Gobierno no tiene que ser validado en sede parlamentaria. No obstante, sus promotores ya han iniciado contactos con los distintos partidos en busca de un acuerdo que vaya más allá de la mayoría de jeltzales y socialistas partiendo de que la dificultad está en el 'qué', pero, sobre todo, en el 'cómo'. Un 'cómo' que podría nutrirse de las experiencias de convivencia entre distintos en el territorio más local desplegadas tras el cese de la violencia etarra del que este año se cumplirá una década.