Elkarrekin Podemos pide que las Juntas de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Beasain rechacen la continuidad de CAF en Israel

El contenido de la iniciativa, que se debatirá en el pleno de Beasain de este mes de octubre y en el de noviembre de las Juntas Generales de Gipuzkoa, ha sido presentada este viernes en una rueda de prensa por la portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas, Miren Echeveste, y el portavoz municipal en Beasain, Aritz Corsitto. La propuesta exige que «se traslade formalmente a la empresa el deseo para que revise y en su caso suspenda inmediata y públicamente su contrato con los proyectos del tranvía de Jerusalén que atraviesan y conectan territorios ilegalmente ocupados según el derecho internacional».

Echeveste ha resaltado que «las instituciones tienen no solo el derecho, sino la responsabilidad de posicionarse públicamente sobre cuestiones éticas de alcance internacional, cuando estas involucran a entidades vinculadas localmente y a posibles vulneraciones del derecho internacional».

Es por ello que la iniciativa incluye un punto que recoge que el posible acuerdo deberá ser remitido a la dirección de CAF, al Gobierno Vasco, al Parlamento Vasco y a organismos de derechos humanos, y que su difusión pública sea máxima para conocimiento de la ciudadanía.

En el plano económico, Echeveste ha replicado a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, por sus manifestaciones de que cancelar el contrato del tranvía de Jerusalén podría suponer el cierre de la empresa: «Nadie ha demostrado que dejar ese contrato ponga en riesgo la viabilidad de CAF. Al contrario: CAF es una empresa sólida, diversificada y presente en numerosos países. Afortunadamente, su viabilidad no depende de un solo contrato», ha asegurado la portavoz morada.

Por su parte, Aritz Corsitto ha explicado que la inclusión de CAF en la lista negra de la ONU de empresas que se benefician de los crímenes de Israel en Palestina por operar en la Cisjordania ocupada «refuerza la exigencia de que la empresa revise su implicación en proyectos que implican violaciones de derechos humanos».

El portavoz municipal ha subrayado que, si bien el Ayuntamiento de Beasain no tiene competencia normativa para forzar a una empresa privada a renunciar a un contrato internacional, «sí tiene la legitimidad y la responsabilidad ética y política de expresar un posicionamiento ante actitudes empresariales que vulneran los derechos humanos». «CAF es una empresa con raíces en Beasain. Precisamente por eso, este pueblo debe exigirle responsabilidad social corporativa. No hacerlo pone en riesgo no solo su reputación, sino también la de todo un territorio», ha afirmado.