Duras críticas al Gobierno Vasco por ascender a De Miguel, condenado del PNV por corrupción

De Miguel, con una importante proyección política que le llevó a ser diputado foral de Administración Local, fue el cabecilla de la trama que urdió una red para recibir comisiones ilegales aprovechándose de los cargos que ocupaban sus integrantes. La Audiencia de Álava le condenó en 2019 a 13 años y tres meses de prisión –aunque sólo cumpliría un máximo de nueve años– por delitos de cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capital, y también a una multa de 351.690 euros. Junto a él fueron declarados culpables otros dos exmiembros de la dirección territorial del PNV –Koldo Ochandiano y Aitor Tellería–, así como otros ex altos cargos, empresarios, constructores y familiares.

Sin embargo, el largo recorrido de los recursos –se prevé que el Supremo se pronuncie en el primer trimestre de este año– ha evitado hasta el momento su ingreso en prisión. En todo caso, firman ante el juzgado cada quince días. Ochandiano sigue trabajando en el Parque Tecnológico de Miñano, que fue el epicentro de la trama, y cuyo exgerente, Alfonso Arriola, inhabilitado por aquel fallo, continúa de funcionario en Lakua. Tellería se encuentra muy deteriorado de salud, una condición que podría alegar para frenar su encarcelamiento. De Miguel, por su parte, se reincorporó a la plaza que conservaba en Hazi, la fundación pública dedicada al desarrollo rural, litoral y alimentario. En ese puesto ha ido encadenando ascensos y aumentos salariales, que fueron motivos de comparecencias en el Parlamento, hasta convertirse en el gerente de GALP, un grupo en el que participan, además, las cofradías de pescadores de Bizkaia y Gipuzkoa.

Según adelantó ayer 'eldiario.es', la documentación oficial de Hazi acredita que De Miguel ha dirigido reuniones, ha ejercido de representante del Gobierno Vasco en encuentros interterritoriales y figura en una comunicación de la UE sobre «buenas prácticas». Incluso ha llegado a recoger premios en nombre del Gabinete autonómico. Consultadas por este periódico, fuentes oficiales del Departamento de Desarrollo Económico confirmaron este extremo y alegaron que «no se puede hacer nada hasta una sentencia firme». El propio convenio de la sociedad pública contempla el despido de sus miembros si son condenados a penas superiores a seis años por delitos económicos, pero se debe esperar hasta que el fallo sea definitivo.

Esas explicaciones no dejaron satisfecho a ningún partido político más allá del propio PNV. Su socio de coalición en el Gobierno Vasco, el PSE-EE, avala que el condenado continúe en su plaza hasta que la sentencia sea firme y, entonces sí, «responder con toda la contundencia posible ante un caso de la gravedad del que nos ocupa». En cambio, los socialistas no comulgan con que mientras tanto desempeñe tareas de representación. «Si De Miguel desarrolla otras actividades que puede ejercer otra persona contratada, aunque estén vinculadas al desempeño de su trabajo, como pueden ser las labores de representación, lo que debe hacer es delegar estas funciones. Y si no es así, el Departamento debe adoptar la decisión de que recaigan en otro trabajador o cargo», señalan fuentes del equipo de Eneko Andueza.

La oposición, por su parte, eleva la petición de explicaciones. Tanto EH Bildu como PP+Cs adelantaron ayer que presentarán iniciativas en el Parlamento vasco para esclarecer la situación. La coalición abertzale registrará preguntas dirigidas al Gobierno Vasco para que aclare «las funciones, relaciones, toma de decisiones y fondos gestionados» por De Miguel. Los soberanistas denuncian, además, que el trato al condenado denota «una clara muestra de la nula voluntad de algunos por acabar con las prácticas fraudulentas y el amiguismo». El PP irá más allá y solicitará la comparecencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, para que explique la «colocación» del exdirigente del PNV alavés. «Ofrecen puertas giratorias a malversadores por el silencio oficial del delincuente condenado. Urkullu rehabilita a corruptos», aseguró Carlos Iturgaiz.

Entre el resto de formaciones con representación en la Cámara autonómica, Podemos Euskadi cree que este tipo de hechos «demuestran que cuando en este país se tiene un carné, las cosas son más fáciles» y lamenta que siga habiendo «espacios institucionales para la práctica del amiguismo y la colocación a dedo». Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, critica que «la corrupción es también parte del ADN del PNV, como lo es el manejo a su antojo de las instituciones».