Los imputados de Podemos contraatacan y denuncian a la líder de Gipuzkoa y a Cisneros

Juantxo Iturria y Patricia Gete, en primer plano, y detrás Ione Cisneros, en Juntas de Gipuzkoa/Lobo Altuna
Juantxo Iturria y Patricia Gete, en primer plano, y detrás Ione Cisneros, en Juntas de Gipuzkoa / Lobo Altuna

Las discrepancias se producen en un contexto de diferencias personales en el seno del grupo de la formación morada en las Juntas Generales

Elisa López
ELISA LÓPEZ

Juantxo Iturria, Patricia Gete y Mónica Mora, los tres junteros imputados de Podemos en Gipuzkoa contratacan y denuncian a la líder del territorio, María Valiente, y a la juntera Ione Cisneros por «descubrimiento y revelación de datos», justo el mismo día en que este periódico anunciaba la posible candidatura de Valiente a diputado general de Gipuzkoa. Es decir, los tres procuradores imputados por presuntas coacciones a su compañera Ione Cisneros, han denunciado a esta última y a Valiente en un documento al que ha tenido acceso Efe.

La denuncia, dirigida asimismo contra la exasesora del grupo Amaya Pérez Bravo, está suscrita también por Imanol Gude, actual portavoz de la formación morada en las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa desde que Iturria fuera suspendido cautelarmente de esta función tras ser imputado.

El documento, al que ha tenido acceso EFE, responsabiliza a Cisneros, Valiente y a Pérez Bravo, de haber accedido a un «chat privado« que Iturria, Gete, Mora y Gude compartían en una aplicación de mensajería y de haber leído sus conversaciones particulares »pese a carecer de su autorización o consentimiento« para ello.

La denuncia se produce en un contexto de discrepancias personales en el seno del grupo de Podemos en las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa (integrado por Iturria, Gete, Mora, Gude, Cisneros y Valiente) que se remontan a octubre de 2016.

En esa fecha Cisneros fue expedientada por la dirección del grupo morado, que lideraba Iturria, por no haber seguido sus directrices de reembolsar a las JJGG el exceso de gasto en el que había incurrido con el teléfono móvil del Parlamento guipuzcoano.

Cisneros no sólo no devolvió el dinero sino que, en lugar de ello, registró una solicitud para que la presidenta de las Juntas informara del «detalle de la licitación de la telefonía móvil», una petición que finalmente ella misma retiró.

Tras este incidente Cisneros cogió una baja laboral que se prolongó más de un año, desde el 24 de octubre de 2016 hasta noviembre de 2017, y presentó una denuncia contra Iturria, Gete y Mora, quienes el pasado septiembre fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián por un presunto delito contra la intimidad y otro de coacciones a su compañera, en un auto que ha sido recurrido por los tres y que está pendiente aún de resolución.

Este auto, al que ha tenido acceso EFE, admite la imputación de todos ellos por un presunto delito contra la intimidad, por la supuesta apertura de correspondencia privada de Cisneros, y otro de coacciones después de que varios testigos dijeran haber escuchado «insultos y menosprecios» por parte de los investigados hacia ella.

Asimismo considera «indiciariamente acreditada» una conducta por parte de los denunciados que podría haber formado «parte de una estrategia dirigida a restringir el derecho» de Cisneros «a operar como juntera».

No obstante el mismo auto rechaza que se les procese por otros comportamientos denunciados por esta juntera, como el expediente que se le abrió a raíz del incidente del teléfono móvil, la existencia de supuestas calumnias en su contra, la imposibilidad de presentarse a unos cursos de formación o, entre otras cuestiones, unas supuestas amenazas para que facilitara la clave de acceso a un buzón.

Hechos estos, entre otros, de los que según el «punto de vista» del magistrado, «no existe indicio alguno o, en su caso no cabe concluir que hayan sido utilizados torticeramente por parte de los denunciados para perjudicar los intereses» de Cisneros.

El juez del caso no descarta incluso que en la denuncia de esta juntera puedan «existir ciertos móviles espurios» ya que se constata que en este asunto «existen posturas bien diferenciadas» que «hacen pensar» si todas las personas que han declarado durante la instrucción estuvieron «presentes o no» en algunos «episodios o sesiones» que relataron.

A pesar de ello, el magistrado considera que no le corresponde a él «valorar el fondo de dichas testificales o sus móviles» ya que estas serán juzgadas en la vista oral que eventualmente tenga lugar de no prosperar el recurso de los denunciados.

Precisamente, la denuncia presentada ahora por Iturria, Gete, Mora y Gude esta basada en las declaraciones prestadas por Cisneros, Valiente y Pérez Bravo a lo largo de la instrucción, período durante el que, según recoge la denuncia, todas ellas habrían reconocido que «en múltiples ocasiones» accedieron al «chat privado» de sus compañeros y presuntamente leyeron «las conversaciones que estos mantenían pese a carecer de su autorización o consentimiento».

Este escrito desvela además que Ione Cisneros habría ido aún «más allá», ya que aportó estas conversaciones privadas al «procedimiento penal instado por ella misma» contra Iturria, Gete y Mora, «con el objetivo de obtener una resolución judicial favorable a sus intereses», según la citada denuncia.

 

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