«Si debe adaptarse el preámbulo a la legalidad quedarán cosas fuera»

Álvarez escucha las palabras de López Basaguren en un momento del debate. / JOSÉ MARI LÓPEZ
Álvarez escucha las palabras de López Basaguren en un momento del debate. / JOSÉ MARI LÓPEZ

Álvarez y López Basaguren creen que la búsqueda de consensos compete a la ponencia, no a los expertos

Alberto Surio
ALBERTO SURIO

-¿Cuál es su opinión sobre la consulta habilitante acordada al final por PNV y EH Bildu en el preámbulo del proyecto de nuevo estatus?

Juan Álvarez: Tal previsión en realidad se trata de un referéndum y plantea dos serios problemas: uno de legalidad porque choca frontalmente con la Constitución, con un problema de legalidad que impediría la reforma del Estatuto. El precio de sacrificar en el altar de esta dimensión épica de la consulta-referéndum previo habilitante el propio contenido de la reforma es enorme. Sin cobertura legal, insistir en plantearla supondría de facto bloquear todo el proceso de reforma.

-¿Y ese riesgo de frustración que apuntaban al inicio del debate?

Álvarez ¿Cómo se gestionaría social y políticamente dejar el proceso de reforma sin efecto, sin recorrido institucional? Conduciría a una elevada crispación política y social y frenaría un proceso de construcción nacional que debe hacerse con una estrategia prudente, pactada y ambiciosa. Si confundimos nuestros deseos con derechos y exigimos su materialización sin cobertura legal, como pasa con la consulta habilitante, se frustraría todo el proceso de mejora y actualización del autogobierno vasco.Quien defiende la unilateralidad por la imposibilidad del pacto no solo defiende la unilateralidad frente a Madrid y la legalidad española, sino también frente a la otra parte de la sociedad vasca que no comparte su hoja de ruta. Acordemos entre nosotros, eso nunca será claudicar.

López Basaguren: Se plantea la consulta habilitante como un referéndum, como estrategia política beneficiosa para determinados partidos cuando es evidente que la mayoría de la sociedad vasca no quiere la independencia... Yo no me opongo a la democracia. Si en Euskadi existiera un sentimiento cualitativamente mayoritario favorable a la independencia yo creo que habría que dilucidarlo en un referéndum. No es esa la situación, lo que ocurre es que para ciertos partidos es muy rentable y eso democráticamente no se puede admitir. Es un problema de legalidad, de democracia y de entender lo que realmente quiere la sociedad vasca. ¿Pensamos que ahora la sociedad vasca quiere malgastar energías en una lucha por una consulta habilitante en un conflicto con el Estado cuando tanto los resultados electorales como todos los sondeos dicen que la mayoría de la sociedad vasca no quiere la independencia? Seamos serios, no podemos permitir que los políticos sean unos irresponsables.

Álvarez La obligación de negociar no significa derecho, pero sí ser conscientes de una realidad política. Escocia y Quebec tuvieron procedimientos pactados y en ninguno de los dos había elementos identitarios. La democracia no puede poner límites formales a un debate si existe, hay que encontrar un cauce, como bien dijo Rubio Llorente, exvicepresidente del TC.

Basaguren Canadá ofrece una gran lección, aunque se ha hecho una lectura muy interesada de su complejísima situación.

- ¿Puede una comisión de expertos reconducir el debate?

Álvarez La pericia de los expertos depende del alcance del mandato. Si se es fiel a las bases, por muy excelso jurista que se sea, no será posible el consenso. Si se trata de adoptar a la legalidad las bases, van a quedarse cosas fuera. Si la encomienda es la clásica es muy difícil ensanchar el consenso. Que la comisión de expertos tenga que buscar el consenso es casi partir de cero.

Basaguren Comparto totalmente ese diagnóstico, si esto último fuera así, me parecería una falta de seriedad. Hubiera sido en la ponencia en donde había que alcanzar los consensos suficientes, aunque la actual mayoría sea aritméticamente clara. Pero ese consenso deja a media sociedad fuera y eso genera importantes problemas políticos y de fractura con la sociedad. Una comisión técnica tiene que articular jurídicamente lo que las bases dicen y no se le puede dar el encargo de decidir políticamente qué propuesta de Estatuto hay que hacer, y si no que eche marcha atrás en la ponencia en la búsqueda de consensos. Si quieren ir a un proyecto político solo para la mitad de la sociedad vasca, que vayan, pero luego pagaremos todos este error.