El 60% de presos de ETA se acoge a las vías penitenciarias al asumir el daño causado

La firma de este escrito -que incluye asumir la responsabilidad civil subsidiaria por los delitos cometidos y abre la puerta a posibles encuentros restaurativos con las víctimas- es la condición para que los presos puedan acceder a su clasificación en segundo grado y abandonen el régimen más cerrado. Sin embargo, las juntas de tratamiento penitenciario -que son las que analizan y proponen la clasificación de los penados- no han dado luz verde a todas las solicitudes, según critica la izquierda abertzale. Un mayor porcentaje, hasta un 90% de los internos, acepta los mecanismos legales que permiten por ejemplo pedir trabajos o solicitar traslados.

El contexto de esta realidad es el proceso de traslados que Instituciones Penitenciarias ha reactivado desde que se formó el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y que dejaba atrás cierto estancamiento anterior en esta materia. El Ejecutivo de Sánchez ha realizado acercamientos -algunos aún en fase de anuncio- de hasta un centenar de internos de ETA, según la información facilitada por la Comisión de Presos de Sortu. La izquierda abertzale admite que se han puesto en marcha cambios en la política penitenciaria pero cree que los pasos que se han dado son todavía «tímidos e insuficientes» y pide una mayor voluntad para poner fin a las políticas de «dispersión y excepcionalidad».

El conjunto de reclusos en Francia y España es de 229, de los que nueve no pertenecen al EPPK y algunos de estos últimos forman parte de los críticos de ATA. Cinco de los trasladados tampoco forman parte del autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos.

Según el listado proporcionado por Sortu, de los acercados, 17 se encuentran ya en libertad tras haber agotado íntegramente sus condenas o, como en tres de los casos, tras acceder a la libertad condicional previa. De los traslados anunciados en los meses de octubre y noviembre, catorce de ellos no se han materializado o no han llegado aún al destino anunciado. Y uno no va a realizarse porque a la presa le llegó el final de la condena mientras se encontraba en tránsito a la prisión de Logroño.

De los 189 reclusos que son pertenecientes al EPPK, 129 se encuentran en primer grado de clasificación o régimen cerrado. De ellos, a 83 se les aplica el artículo 91.2 del Reglamento Penitenciario, que fija un régimen cerrado estricto. A otros 42, el artículo 100.2 de la citada normativa, que establece un régimen cerrado con un principio de flexibilidad. Otros 56 se acogen a segundo grado o régimen ordinario. Otros ocho reclusos disfrutan de tercer grado. Para acceder a esta semilibertad, los requisitos son más exigentes. La legislación penitenciaria reclama la acreditación en informes técnicos de la evolución favorable de los internos y un expreso compromiso al respecto por parte de los mismos de abandono de la violencia.

De acuerdo con las cifras que dispone la izquierda abertzale, 169 presos se encuentran fuera de las prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, y 20 de ellos en las cárceles de Bizkaia, Álava, Gipuzkoa y Navarra. Del total, 51 están entre 800 y 1.100 kilómetros de distancia de su domicilio, 35 presos entre 500 y 800 kilómetros, y 56 entre 250 y 550 kilómetros. Del conjunto, 15 son mayores de 65 años y están internos en prisiones españolas y otros cinco en Francia. Esta edad, alega Sortu, es la referencia de la Organización Mundial de la Salud para excarcelar por el Covid. El informe señala que hay 25 presos enfermos graves, de los cuales cuatro están en prisión atenuada en el domicilio, y 16 encarcelados.

En la actualidad, 65 de los presos han cumplido ya tres cuartas partes de la condena y podrían por ley optar a la libertad condicional. Sin embargo, para ello son requisitos imprescindibles estar clasificado en segundo grado y haber disfrutado de permisos ordinarios de salida. El alejamiento en las cárceles y la clasificación en primer grado han hecho imposible ese escenario, según esgrime Sortu.

La izquierda abertzale reclama al Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos una mayor decisión política para dar carpetazo a «las estrategias de excepción y aislamiento». En concreto, su petición es la del «acercamiento de todos los presos vascos» a las cuatro prisiones (Basauri, Martutene, Nanclares y Pamplona) en el marco de «la apertura de un nuevo tiempo en el que hay que construir la convivencia y cerrar las heridas».

Un grupo muy reducido desvinculado del colectivo oficial es afín a ATA, la disidencia que hace visible Iñaki Bilbao en defensa del «socialismo y la independencia» con una huelga de hambre. Desde la dirección de Sortu se considera que este desmarque no ha prendido y que no se corresponde con «la cultura política de la izquierda abertzale».

Más a medio plazo puede aflorar un debate sobre aquellos presos con las condenas más elevadas que ven agravadas al sumarse los años encarcelados en Francia. Los abogados de los reclusos estudian hipotéticas vías para revertir esta situación, bien con una reforma de Código Penal o con una aclaración de la Corte de Estrasburgo que corrija esta interpretación de la Justicia española.