Adela Asua: «Me abochorna la conducta del Rey emérito, pero me enorgullece que se investigue»

-Están sucediendo cosas tan inverosímiles que solo se me ocurre arrancar esta entrevista preguntándole si le duele España.

-(Ríe) No, no... A mí me duele la terrible y creciente desigualdad, me duele comprobar que hay jóvenes con dificultades reales para poder planear su futuro. La pandemia ha colocado ante nuestros ojos el escenario real de nuestra interdependencia y de la común vulnerabilidad, así que me es difícil mantener la mirada solo en el círculo próximo. Creo, no obstante, que la descentralización y la toma de decisiones cerca de los ciudadanos ha funcionado en esta crisis. La democracia española ha demostrado que su estructura básica está razonablemente bien, aunque necesite refuerzos y reformas.

-¿Ha funcionado, por tanto, eso que llamamos cogobernanza?

-Se ha demostrado que el modelo autonómico funciona cuando instrumentos propios, como la Conferencia de Presidentes, lo hacen. Pero es que, ¿cuántas veces se ha reunido en 40 años? Poquísimas. Durante años no hubo voluntad de hacer visible y real esa cogobernanza; esa estructura política que contiene ciertos rasgos federales, aunque con singularidades. La pandemia ha permitido obtener una interesante radiografía de cómo estamos.

-¿Y cómo está el paciente?

-Por de pronto, el Estado de las Autonomías está bastante consolidado, la ciudadanía se identifica con su autonomía y podemos hablar de un reconocimiento del Estado como marco político común. Cuando en 1978 se elabora la Constitución no se podía hablar de un diseño federal, e incluso el diseño autonómico fue una mero esbozo que luego se ha ido desarrollando. Lo cual se refleja en la ausencia de instituciones o mecanismos propios de un estado federal. Llevará su tiempo, pero estas cuestiones habrá que afrontarlas antes o después.

-No parece que el clima en el Congreso sea el más propicio.

-Es preciso que ese clima sea menos crispado y más responsable; más inclinado al acuerdo en propuestas equilibradas y, por ello, a la renuncia de ideales puntos máximos. Habrá que hacer un esfuerzo para recomponernos después de la pandemia; por de pronto, lo que toca ahora es hacer frente de forma urgente a otros desafíos fundamentales, como la digitalización y la sostenibilidad medioambiental. Quizás el esfuerzo nos permita ejercitarnos en arrimar el hombro para abordar otras tareas pendientes, que pasarían por algunas reformas de la Constitución

-Usted estaba en el TC cuando el secesionismo catalán organizó el referéndum ilegal del 1-O. ¿Esa interdependencia derivada del Covid vacuna contra el independentismo unilateral?

-No, no creo que le vacune. En Cataluña existe un problema enquistado de emoción, de pretensión de independencia política, con un empate al 50% que es muy difícil de dirimir. Hasta ahora, se ha trabajado el enfrentamiento como forma de mantener la posición. Algo puede empezar a moverse si el resultado electoral se administra con inteligencia y pragmatismo. Cualquier estado, pequeño o grande, sabe que depende siempre de otras instancias supraestatales, que el complejo mundo de hoy se estructura en capas o multiniveles de decisiones políticas y de coordinación de necesidades.

-¿Qué queda en esta Cataluña de aquel acervo constitucional que ustedes 'construyeron', resolución a resolución?

-Tras aquellas sentencias vino la decisión más radical del Gobierno catalán, la de romper con su Estatuto y con la democracia. Hay inercias que no se paran de un día para otro, tienen que ir amortiguándose. Han pasado 10 años desde la sentencia del Estatut y tres desde el referéndum del procés; ojalá hayamos llegado al pico y empecemos la desescalada en el enfrentamiento aunque no se renuncie a la independencia. Pero que haya más pragmatismo y más preocupación por el bienestar de Cataluña.

-Le duele la desigualdad. ¿También la división política?

-Me entristece la gresca que sustituye al debate sobre la lógica división de posiciones. Aunque estamos bastante acostumbrados.

-Y dígame, ¿la bronca en el Gobierno dificulta la tarea del Consejo de Estado?

-(Sonríe) Pues probablemente no la favorece. No tenemos experiencia de coaliciones, así que no hay que asustarse mucho porque no existan coincidencias. Pero eso sí podría reflejarse en algún caso en los borradores de normas sobre los que se pida dictamen al Consejo de Estado.

-¿Comparte que hay proyectos de ley de Unidas Podemos, en especial los del Ministerio de Igualdad, lastrados por una baja calidad jurídica?

-Bueno, habrá que ver. No comparto esa valoración general. Es lógico que un partido relativamente nuevo y sin experiencia de gobierno muestre rasgos de bisoñez que denoten esa falta de experiencia. Pero los déficits técnicos serán pulidos si se toman en cuenta las observaciones de los informes que se soliciten y en el debate parlamentario.

-¿Le va llegar al Consejo de Estado la ley del 'solo sí es sí'?

-Ay, ese nombre es un eslogan... Pues no lo sé, el Gobierno puede trasladárnosla, pero aún no tenemos noticia. Sería bueno. Pero yo no diría, como se ha hecho, que el dictamen que ha emitido el Consejo del Poder Judicial sobre la ley sea tan crítico. La ley quiere definir lo que es el consentimiento en las relaciones sexuales; y a veces el legislador decide definir un determinado elemento de la descripción del delito. Puede ser discutible que sea necesario hacerlo así, pero el ministerio quiere dejarlo claro.

-¿Es razonable que se desatienda el dictamen del CGPJ, adoptado además por unanimidad?

-¿Y quién dice que el Gobierno no va a atenderlo?

-La ministra Montero…

-Bueno, el informe del Consejo no dice que el proyecto de ley sea inconstitucional. Los informes tratan de ayudar. Y seguro que le prestan atención. Creo que las objeciones no son sustanciales.

-Usted se declara feminista. ¿Hay que manifestarse el 8-M?

-Cada uno puede expresarse como quiera, pero hay que evitar riesgos de contagio.

-Una de las últimas polémicas ha tenido al Consejo de Estado en el epicentro, su informe sobre el reparto de los fondos europeos. El Gobierno se resiste a publicarlo y la oposición le acusa de ocultarlo por interés.

-El dictamen sobre ese decreto-ley suscitó una deliberación de horas, porque era muy importante, largo, problemático y tenía astillas. El informe, como otros, incluye observaciones no esenciales sobre la técnica jurídica y otras, muy pocas, esenciales. Y hasta donde sé, el decreto-ley las ha asumido. El Consejo de Estado no puede hacer públicos los informes que se le piden, lo tiene que hacer el consultante.

-¿El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por la pugna partidaria ha terminado de herir de muerte su credibilidad?

-Vamos a ver… La interinidad ya es mala para la credibilidad, pero ésta se recupera con el buen hacer de los que sean nombrados, su currículum y su capacidad para ser independientes y no partidistas. Es lógico, de acuerdo a las mayorías requeridas, que los partidos tengan que pactar los nombres. Lo que es importante es que ese consenso no responda a meras cuotas, como parece a veces, sino que se elija a quienes puedan desarrollar dignamente su función. La obligación de los partidos es buscar juristas competentes, sólidos e independientes que conciten el respeto de todos. Cabezas vacías no nos sirven.

-¿Le abochorna, como ciudadana, que el Rey emérito esté siendo investigado por presunta corrupción y vaya regularizando sus cuentas sobre la marcha?

-Me abochorna la falta de ejemplaridad, que haya protagonizado una conducta que desmerece su pasado, que ensucia una historia que podía ser más digna. Lo de regularizar la deuda es algo que pueden hacer otros ciudadanos con altísimo nivel económico a fin de evitar el juicio penal; y como eso es bueno para Hacienda, está previsto en la ley. No colaborar al patrimonio común es bastante vergonzoso, es vergonzoso que quien tiene que dar muestras de ejemplaridad y de civismo no lo haga. Me abochorna porque es un desastre para una institución constitucional, que puede gustar más o menos, pero que es la Jefatura del Estado. Esto la degrada. Pero, a la vez, me enorgullece que la intervención del Poder Judicial y de la inspección tributaria permitan aclarar estas conductas sin mirar hacia otro lado. Esto es un avance impresionante. Urdangarin ha ido a la cárcel y la infanta Cristina se sentó en el banquillo. Que hasta un rey pueda pasar por los juzgados es un síntoma de salud democrática del que nos tenemos que enorgullecer.