Medidas para más viviendas

En la tarea de transformar lo difícil en posible está empeñado el Gobierno Vasco, que durante el primer año de la legislatura está poniendo en marcha medidas para desatascar el esclerotizado proceso en el que está inmerso la construcción de vivienda privada y protegida en Gipuzkoa. El reto es complejo y conviene ajustar los pasos para que no sean en falso. Euskadi lleva meses aprobando zonas tensionadas sin tener aún los precios de alquiler de referencia, lo cual puede retraer aún más la oferta. Esta circunstancia se suma a la inseguridad jurídica de una ley de vivienda que desincentiva que los propietarios saquen sus viviendas al mercado.

No obstante, también empiezan a darse los primeros brotes verdes. Entre ellos, la decisión de Visesa, entidad pública del Gobierno Vasco, de impulsar un contrato programa para 2026, que incluiría la construcción de 800 viviendas protegidas, de las cuales el 79% (630) estaría ubicado en Gipuzkoa, en municipios como Donostia (98 en Ciudad Jardín y 182 en los terrenos que ocupa la cárcel de Martutene), así como en Ordiza (190), Andoain (80), Zumarraga (44) e Irun (36). Este es un plan en el que Gobierno Vasco y los ayuntamientos han colaborado en un proyecto habitacional que incluye la cesión gratuita de terreno público de los consistorios para la construcción de vivienda protegida. En esta iniciativa Gipuzkoa reduce el elevado déficit que en los últimos años arrastraba en promoción de VPO y se proyecta un entendimiento entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento donostiarra que en los últimos años brillaba por su ausencia y lastraba la necesaria edificabilidad de pisos protegidos en la ciudad con el metro cuadrado más caro de España. Sin embargo, el camino será largo y la prudencia para evitar levantar castillos en el aire y frustrar las expectativas debe estar presente en la acción de las instituciones en esta materia tan sensible.