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El presidente Pedro Sánchez anunció el miércoles los actos de conmemoración 'España en libertad', en torno al 50 aniversario de la muerte de Franco, advirtiendo ... de que «el fascismo es ya la tercera fuerza en Europa». Debió ser más preciso con su alarma, señalando que los grupos que pueden ser considerados de ultraderecha, populistas, xenófobos, algunos de ellos con un claro propósito revisionista –cuando no apologista– del pasado fascista y nazi, suman 187 escaños sobre 720 en el Parlamento de Estrasburgo. La oleada no es fascista, aunque haya fascistas en ella. La cuestión no es semántica, ni mucho menos. Y el problema tampoco se resuelve con el señalamiento reiterado de un peligro para el desarrollo pleno de la democracia.
A Sánchez se le olvidó mencionar que, como miembro del Consejo Europeo, tuvo que admitir el nombramiento de Raffaele Fitto –«el hombre de Meloni en Bruselas»– como vicepresidente en la Comisión Europea. Sánchez advirtió el miércoles del riesgo de que retroceda la democracia. Pero la denuncia no es suficiente. Y menos si se vuelve ventajista. Parece necesario articular estrategias políticas que prioricen el mantenimiento del marco de derechos y libertades vigente a costa de intereses partidarios cortoplacistas. Tanto el PSOE como el resto de las formaciones que sostienen al Gobierno han recurrido a Vox y a la existencia de una internacional ultraderechista para significarse como barrera única frente a su ascenso. Apelando al «cordón sanitario» que representarían en exclusiva. El avance de acuerdos en distintas comunidades autónomas entre el PP y Vox fue la base de la reacción electoral de los socialistas en las generales de aquel mismo año. Y especialmente de su decidida negativa a conceder a Feijóo la oportunidad de formar un gobierno en minoría. En coherencia con el «no es no» de Sánchez a la investidura de Rajoy.
Sólo que a la responsabilidad contraída por el PP de Núñez Feijóo al brindarse a una política de alianzas con Vox, cada día más contradictoria, ha de añadírsele la incapacidad electoral y la renuencia política mostrada por la socialdemocracia de Sánchez para hacer efectivo el «cordón sanitario» que predica. Lo que el presidente denominó «fascismo» está en las instituciones por sufragio universal. El registro de una proposición de ley socialista «frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas» se inscribe en una táctica demasiado victimista y unilateral para que contribuya a 'más democracia'. Empezando porque una vez más es el partido y no el Gobierno el que asume la iniciativa para eludir los informes jurídicos preceptivos sobre un articulado que se dirige a anular los procedimientos en marcha respecto a Begoña Gómez y el hermano del presidente.
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