Motivos de escándalo

Se insiste con vehemencia en que la ley de amnistía cuya elaboración han acordado los partidos citados será inconstitucional. Sin embargo, lo aparentemente obvio –su supuesta inconstitucionalidad– no debería ser motivo de pronunciamientos. ¿No hay, acaso, un Tribunal Constitucional ante el que, a su debido tiempo, se podrán presentar los recursos correspondientes? ¿No fallará este tribunal de acuerdo con el mejor saber y entender de sus miembros? ¿A qué viene tal algarabía?

Las anteriores son preguntas retóricas, por supuesto. Quienes se pronuncian con enojo sobre la constitucionalidad de la amnistía ahora, dan por hecho que el Constitucional aprobará lo esencial del contenido de la ley, dado que en su configuración actual tiene mayoría el sector denominado progresista, entendida esa palabra en este contexto como 'afín al PSOE'. Y es que se considera normal que el alto tribunal actúe en consonancia con los intereses de alguna de las dos grandes familias políticas porque con ese interés han sido nombrados sus integrantes. Esto, que debería ser motivo de escándalo, no lo es.

La mención que se hace en el acuerdo entre PSOE y Junts a la 'lawfare' y su eventual investigación en el Congreso sí ha provocado escándalo –aunque entendida esta vez la palabra según la primera acepción en el Diccionario, como «alboroto, tumulto, ruido»–, sobre todo en el mundo judicial, por considerar tal posibilidad un atentado a la separación de poderes. Esa palabra inglesa se utiliza para referirse a la instrumentalización de la Justicia para obtener réditos políticos.

Lo curioso es que ese escándalo (primera acepción) se produzca justo después de que el juez García Castellón impute, precisamente ahora, a Puigdemont y Rovira por terrorismo en relación con los sucesos del 'Tsunami democratic'. El juez de la Audiencia Nacional no podía haber sido más inoportuno, pero lo cierto es que no son tan pocos los casos en los que la Justicia ha actuado al servicio de objetivos políticos. Pero hasta ahora, que yo sepa, no ha habido pronunciamientos semejantes por parte del mundo de la judicatura. De nuevo, el escándalo (segunda acepción) no es que se haga referencia a la 'lawfare' en el acuerdo, sino que antes no se haya denunciado su existencia ni se hayan tomado medidas para atajarla.

En España hay separación nominal de poderes, pero la real deja que desear. De haberla, es muy difusa la que hay entre el ejecutivo y el legislativo, porque los parlamentarios, aunque los elige el pueblo, han sido previamente seleccionados por un sanedrín que actúa al dictado de la autoridad máxima de su partido, que es quien más adelante, llegado el caso, presidirá el Ejecutivo. Esto no tendría por qué ser así. En Reino Unido, por ejemplo, los parlamentarios dan cuenta ante los electores de su actuación, no ante el primer ministro. No es extraño, por ello, que el Gobierno de Su Majestad pierda votaciones en el Parlamento de vez en cuando y que tenga que negociar incluso con sus propios parlamentarios. Esto es impensable aquí.

Y por supuesto, tampoco hay separación real entre el poder legislativo (y, por tanto, el ejecutivo) y el judicial. Que en España se hable con naturalidad –y los propios protagonistas acepten tal adscripción– de vocales progresistas y vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial debería ser, eso sí, motivo de escándalo (segunda acepción). Como debería serlo que el PP haya obstaculizado, por razones de oportunidad política, su renovación hace unos meses, desdiciéndose de un acuerdo ya alcanzado, y que sus miembros se permitan intervenir en materias de índole política, incluso cuando su mandato hace años que caducó.

En una cultura política diferente, en la que, efectivamente, se respetase la separación de poderes y las actuaciones de los agentes políticos y judiciales quedasen restringidas a sus estrictos ámbitos, quizás no nos encontraríamos en la situación de crispación y emponzoñamiento en que estamos. Los episodios de las últimas semanas deberían servir para actuar, corregir esos vicios y sanear el sistema. Se puede, a tal efecto, mirar a nuestro alrededor y copiar lo que funciona. Cuanto más tarde en hacerse, a más escándalos (segunda acepción) asistiremos y menos credibilidad la política y sus practicantes.