El aval por seis votos a cuatro del Constitucional a la amnistía de los delitos vinculados al procés en Cataluña cierra en España el debate ... sobre la legalidad de la norma seguramente más controvertida aprobada en democracia, pero cuya aplicación –para Carles Puigdemont y Oriol Junqueras– pende de la justicia europea y de cómo se resuelva el pulso de las dos principales figuras del secesionismo con el Supremo, que no cree exonerable la malversación. El debido respeto al ordenamiento emanado de la Carta Magna obliga a asumir la legitimidad de la sentencia del TC. Pero que la deliberación haya partido en dos a la corte de garantías no es tanto la evidencia de un hondo debate jurídico como una proyección más del carácter divisivo de este perdón, concebido no para apaciguar la tensión política y social en Cataluña –el envoltorio argumental sobrevenido–, sino para atar la investidura de Pedro Sánchez. Y la mayoría progresista del tribunal ha aceptado el coste de aceptar la exposición de motivos que diluye la responsabilidad intrasferible del separatismo en la intentona ilegal de quebrar la legalidad constitucional y estatutaria, imponiéndosela a más de la mitad de los catalanes.
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