Starmer promueve la creación de un carné digital para acabar con la inmigración ilegal

Starmer presentó su propuesta en el Global Progress Action Summit, celebrado en el Central Hall de Westminster, en el que también participó el presidente español, Pedro Sánchez, como ponente en el panel 'The Future of Multilateralism: A Coalition to Tackle Global Challenges', junto a la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern. El encuentro, impulsado por Labour Together, el Center for American Progress Action Fund y el 'think tank' británico IPPR, congregó a dirigentes de más de una veintena de países con la intención de articular respuestas conjuntas ante la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y los retos que plantean las tensiones sociales y económicas a escala global.

Fue precisamente en este foro donde Starmer aseguró que «no se podrá trabajar en el Reino Unido si no se tiene una identificación digital. Es así de sencillo», declaró, en un discurso en el que acusó a los políticos progresistas de haber sido «demasiado aprensivos» a la hora de hablar con franqueza sobre la inmigración ilegal. Según explicó, la medida busca cerrar la puerta de acceso al mercado laboral a quienes no tengan derecho a residir en el país, eliminando lo que describió como uno de los principales «factores de atracción» para la migración irregular.

Cabe destacar que en el Reino Unido no existe ningún documento de identidad, como el DNI en España, y Starmer propone que esta nueva identificación sea almacenada en los teléfonos móviles, de manera similar a las tarjetas de pago sin contacto o a la aplicación del NHS (el sistema nacional de salud), e incluirá el nombre, la fecha de nacimiento, la nacionalidad o el estatus de residencia y una fotografía como base de la verificación biométrica. No será necesario llevarlo físicamente ni presentarlo de forma rutinaria, pero sí resultará obligatorio para acreditar el derecho a trabajar y, en algunos casos, al alquilar una vivienda. El Gobierno sostiene que, además de reforzar el control migratorio, el carné digital facilitará el acceso a servicios públicos como la tramitación de permisos de conducir, los subsidios de cuidado infantil o el acceso al historial fiscal.

Sin embargo, todavía quedan incógnitas relevantes por despejar. El Ejecutivo ha dicho que el sistema será obligatorio «antes del final de la legislatura», pero no ha precisado la fecha concreta de entrada en vigor. Tampoco está definido si el carné incluirá la dirección del titular ni qué alternativa se ofrecerá a las personas que carezcan de teléfono inteligente. El Ministerio del Interior asegura que está trabajando en opciones inclusivas y que habrá una consulta pública a finales de este año para recabar opiniones, especialmente de colectivos vulnerables como personas mayores o sin techo.

El anuncio ha reavivado un debate que en el Reino Unido arrastra una fuerte carga política y emocional. La líder conservadora, Kemi Badenoch, tachó la propuesta de «maniobra desesperada», mientras que los liberal demócratas advirtieron de que podría obligar a los ciudadanos a ceder datos privados sensibles al Estado. Michelle O'Neill, ministra principal de Irlanda del Norte, calificó los planes de «ridículos» y «mal concebidos», e incluso afirmó que la medida constituye un ataque al Acuerdo de Viernes Santo, que reconoce el derecho de los nacidos en Irlanda del Norte a identificarse como británicos, irlandeses o ambos. Desde el Partido Unionista Democrático también se expresó escepticismo, con el diputado Peter Martin alertando de que la medida, conocida ya como la 'BritCard', podría alimentar la economía sumergida, pues quienes carezcan de identificación digital podrían recurrir a trabajos en efectivo fuera del sistema.

Las organizaciones de defensa de los derechos civiles han reaccionado con preocupación. Liberty y Big Brother Watch han señalado que cualquier sistema nacional obligatorio de identificación corre el riesgo de concentrar cantidades masivas de datos personales en bases centralizadas susceptibles de ser consultadas, analizadas y utilizadas para monitorizar y perfilar a la población, lo que, en sus palabras, alteraría el equilibrio de poder entre el Estado y el ciudadano «con consecuencias peligrosas para la seguridad, los derechos y las libertades».

Las dudas no se limitan al terreno de la privacidad. Expertos en ciberseguridad han advertido de que cualquier base de datos centralizada puede convertirse en un objetivo atractivo para los piratas informáticos, como han demostrado los ataques recientes contra Jaguar Land Rover, la cadena Co-op o la Biblioteca Británica. Aunque el Gobierno asegura que la información se almacenará directamente en los dispositivos de cada ciudadano y que el sistema utilizará tecnologías de encriptación y autenticación similares a las empleadas en transacciones financieras, los detalles técnicos aún no se han hecho públicos.

El coste del proyecto es otra de las cuestiones abiertas. El Instituto Tony Blair, uno de los principales defensores de la idea, estima que el sistema requerirá una inversión inicial de mil millones de libras y un gasto anual de unos 100 millones, aunque la Asociación de Proveedores de Verificación Digital sitúa la factura por encima de los dos mil millones. Fuentes cercanas al Gobierno citadas por la BBC insisten en que no se adjudicarán contratos multimillonarios a gigantes tecnológicos como IBM o Fujitsu, sino que se recurrirá al departamento de servicios digitales del Ejecutivo y a proveedores británicos más pequeños.

La comparación internacional forma parte de la estrategia del Ejecutivo para legitimar el proyecto. En Estonia, el sistema de identificación digital permite acceder a beneficios sociales, historiales médicos y plazas escolares sin necesidad de repetir trámites. En Dinamarca, los estudiantes utilizan su identificación para acreditar de manera automática títulos y expedientes en solicitudes de empleo o universitarias. En India, el Gobierno asegura haber ahorrado 10.000 millones de dólares anuales al reducir fraudes en programas de bienestar social. Y en Australia, los ciudadanos emplean la identificación digital para acceder a servicios bancarios o para la compra de alcohol, lo que ha reducido el uso de documentos en papel.

El contexto británico, sin embargo, plantea particularidades. Según Age UK, alrededor de 1,7 millones de personas mayores de 74 años no utilizan internet, lo que abre la posibilidad de que una parte significativa de la población quede excluida de un sistema concebido principalmente para teléfonos inteligentes. Además, más de 700.000 personas habían firmado ya, antes de la confirmación oficial de los planes, una petición en línea para que el Gobierno descartara la introducción de identificaciones digitales, alegando que se trata de una medida innecesaria y peligrosa.

En su discurso, Starmer trató de enmarcar la propuesta como parte de una visión más amplia de modernización estatal. Aseguró que la identificación digital ofrecerá «beneficios innumerables» a los ciudadanos, desde la simplificación de trámites hasta la reducción de fraudes de identidad, y que su implantación representará una oportunidad para «hacer de Gran Bretaña un país más justo». También defendió que un control más riguroso sobre el empleo ilegal es esencial para combatir a las mafias que organizan cruces irregulares del Canal de la Mancha y que prometen a los migrantes acceso al mercado laboral británico.