Francisca Albanese, la voz crítica con el genocidio en Gaza que Trump quiere silenciar

La Administración acusa a Albanese de «antisemitismo descarado» y de participar en una campaña de presión política y económica contra Israel. Asimismo, también la señalan por su colaboración con las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) contra ciudadanos hebreos y estadounidenses sin su consentimiento. El mes pasado, Washington ya había sancionado a cuatro juezas de La Haya por sus casos contra el Estado hebreo, tras ordenar la detención de Netanyahu y de su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, sostiene que la relatora «ha expresado un antisemistismo descarado, ha expresado su apoyo al terrorismo y ha mostrado un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente». «Este sesgo ha sido evidente a lo largo de su carrera», añade. Por ese motivo, sostiene que tanto el Gobierno de Trump como el de Israel no la consideran apta para el cargo.

Nacida en Italia en 1977, Francisca Albanese es una abogada especializada en derechos humanos y Oriente Medio con más de dos décadas de experiencia. En mayo de 2022 fue designada como relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Antes fue investigadora en el Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown.

Ha publicado cuantiosas investigaciones sobre el conflicto palestino y es cofundadora de la Red Global sobre la Cuestión Palestina (GNQP), una organización que agrupa a expertos y académicos sobre el conflicto palestino-israelí. En el puesto de relatora especial ha encabezado la elaboración de varios informes sobre violaciones a derechos humanos en los territorios de Gaza ocupados por Israel en 2022, 2023 y 2024.

«Resolver la cuestión de Palestina, o el 'conflicto israelo-palestino', de conformidad con el derecho internacional no es complicado, pero requiere rigor para seguir lo que es justo: poner fin al genocidio, a la ocupación ilegal de lo que queda del Mandato de Palestina y, a continuación, poner fin al apartheid, tanto para los palestinos como para los israelíes, de modo que puedan vivir en libertad y paz en la tierra que ambos consideran su hogar», defiende Albanese. «El genocidio en Gaza es la fase más extrema de un proceso destinado a eliminar a los palestinos nativos», ha repetido la relatora siempre que tiene ocasión para exigir a la comunidad internacional que tome cartas en el asunto: «Es una obligación legal».

Así, la italiana se ha convertido en una de las voces más críticas de las acciones de Israel en los territorios palestinos a través de la lente del derecho internacional humanitario, una masacre que se ha cobrado más de 57.000 vidas desde el 7 de octubre de 2023. En sus informes asegura que el Estado hebreo está cometiendo crímenes de guerra y ha acusado al país de «cometer uno de los genocidios más crueles de la historia moderna».

En el último documento presentado el 3 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Albanese señaló a 60 empresas de todo el mundo -como Microsoft, BP, Barclays o Allianz- que estarían beneficiándose de los crímenes de guerra en Gaza y la Cisjordania ocupada. Por ello, podrían ser reconocidos cómplices de estos delitos al participar en lo que describió como «una economía del genocidio». «Si esto fuera la escena de un crimen, Palestina tendría nuestras huellas dactilares: en lo que compramos, en dónde ponemos nuestros ahorros». Acusa a las compañías de diversos sectores lucrarse con la sangre, las mutilaciones y la devastación en la Franja. Asimismo, sostiene que los gobiernos occidentales no hacen lo suficiente para defender los derechos de los palestinos.