«Llegamos a trabajar 90 días seguidos y nos chantajeaban por no tener papeles»

Todos ellos, de origen latinoamericano, trabajaron entre 3 y 14 meses en el Bar Senra o en la Esquina de Senra, los dos establecimientos que el pasado noviembre, y tras la denuncia de un extrabajador, fueron objeto de una inspección de trabajo que culminó con el arresto por parte de la Policía Nacional de tres personas, entre ellas el dueño de los locales, un conocido hostelero con varias denuncias previas y que responde a las iniciales E.S.; el encargado, y el gerente. Hay además una cuarta persona investigada. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial, y en la actualidad se encuentran en libertad sin medidas cautelares a la espera de juicio. La Fiscalía aprecia indicios de delito contra los derechos de los trabajadores y por fraude a la Seguridad Social, e investigará los hechos. Los tres detenidos niegan la denuncia de explotación laboral y afirman que el problema se limita a una infracción de carácter administrativo.

La intervención se llevó a cabo el 9 de noviembre, y en ella se detectó que 21 de los 22 empleados que se encontraban trabajando en los dos establecimientos lo hacían de forma irregular, sin papeles ni contrato. «Estábamos a punto de abrir. Serían como las doce del mediodía, y de repente entraron tres o cuatro personas en cada bar. Nos dijeron que no tocáramos los móviles. Parecía una película. Fueron hablando con cada uno de nosotros».

Aquella intervención duró dos horas. Los responsables del negocio les insistieron vía telefónica en que estuvieran «tranquilos», y la visita de los inspectores concluyó con una citación a todos los presentes para el día siguiente en comisaría para que les pusieran el sello de expulsión en los pasaportes, lo que les obligaba a abandonar el país antes del 1 de diciembre. A primera hora de la tarde, los bares abrieron con total normalidad. «Pero estábamos todos hechos polvo», coinciden.

En el primer informe que elabora la Policía Nacional se estima que la cuantía defraudada a la Seguridad Social asciende a 81.000 euros, si bien fuentes de Fiscalía creen que la cifra «puede superar los 120.000 euros».

En los siguientes días «nos llamaron a dos para que fuéramos a declarar a comisaría. Al resto les dieron orden de no responder al teléfono. Yo tuve que ir con una abogada de ellos –en referencia a E. S.–. No pude expresarme libremente, por lo que volví otro día a dar otra declaración», cuenta uno de los afectados.

Tras aquel episodio, «se le notaba muy nervioso, y nos hizo firmar a todos un contrato de trabajo indefinido que no sé qué validez tendría», apuntan los empleados consultados.

Entre las principales vulneraciones de derechos que denuncian los trabajadores que se han puesto en contacto con este medio, coinciden en que las jornadas laborales rondaban las 12 horas diarias. Normalmente, de 11.00 a 16.00 horas y de 18.00 a 01.00 horas aproximadamente. Varios denunciantes afirman que había días en que también les dejaban «sin el descanso de dos horas de la tarde». En verano trabajaban sin parar y todo ello se realizaba bajo la promesa de una regularización de la situación laboral que nunca llegaba y que, cuando se exigía, eran contestados con evasivas y «malas formas». La nota policial recoge que los arrestados se aprovechaban de la «vulnerabilidad» de los empleados sin papeles y les recordaban a las víctimas su condición de trabajadores irregulares y el «favor» que les estaban haciendo dándoles empleo.

«Los meses de junio, julio, agosto y septiembre los empleados no disfrutan del día de descanso entre semana, teniendo que trabajar de lunes a domingo. Esta condición es una imposición, quien no acepte es despedido. Los días de descanso que no se disfrutan se pagan a 100 euros cada uno», explica en la denuncia el extrabajador que ha destapado el caso.

Hasta mayo de 2022 «todo el dinero se recibe en efectivo, metido en un sobre», pero a partir de junio, E. S. «abre a todos los empleados una cuenta bancaria, y mediante transferencia les paga su sueldo» base de 1.068 euros. Las horas extras «se abonan en efectivo» y algunos empleados llegaron a cobrar entre 1.400 y 1.800 euros, pero «a partir de septiembre ya no se cobran las extras, aunque seguían trabajándolas».

Con la temporada baja y la caída de la clientela «nos hacían ir a la Cafetería de Senra –también situada en la 31 de Agosto– a desescombrar, tirar muros...», denuncian varios trabajadores.

Además de la denuncia que ha destapado el caso, el atestado incluye otras dos denuncias por despido improcedente tramitadas por Lucía Valladares y Angie Pacheco, y pendientes de resolución judicial. Las denunciantes han presentado además dos audios en los que se les escucha tener una conversación con el encargado de los bares. En el caso de Angie, la joven solicita el finiquito, pero dicha persona responde que «los trabajadores que no están dados de alta no pueden recibir finiquito». La mujer le insinúa que «no libré ningún día, no tuve vacaciones» y su superior responde «que ya lo sabe, pero que es lo que hay». El tercero de los detenidos, el gerente, entra en la conversación y apunta que «no tener papeles tiene una parte buena y una mala, y la mala es que no pueden pagarle el finiquito».

Todos los trabajadores con los que se ha puesto en contacto este medio denuncian un trato «degradante por su condición» de trabajadores irregulares, y el temor a represalias por ser el hostelero E. S. «una persona influyente».