'Operación Tomatoak': vigilancias durante días y un arresto en el portal de casa
El dueño de los negocios hosteleros fue detenido en plena calle, después de que no respondiera al teléfono en reiteradas ocasiones
La 'Operación Tomatoak' –bautizada con ese nombre por las ensaladas de tomate, uno de los platos estrella de los locales investigados– se encuentra ya en manos del juzgado de instrucción número 4 de Donostia, un expediente que recoge las denuncias por los supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y por fraude a la Seguridad Social, así como abundante documentación. El dossier incluye la estrecha vigilancia que agentes de la Brigada policial de Extranjería y Fronteras realizaron durante varios días a los dos bares investigados. Ese control, a priori sin ser descubiertos, se inició el 8 de diciembre, justo un mes después de que la Inspección de Trabajo se personara en los dos locales y descubriera que 21 de los 22 trabajadores carecían de papeles y de contrato laboral. Durante días, los agentes fotografiaron a las personas que integran la plantilla de los dos establecimientos, mientras se sucedían también las declaraciones de denuncia de varios de ellos.
Desde la víspera
El dueño de los dos negocios estuvo también vigilado de cerca. El 11 de enero los agentes se acercaron hasta su domicilio y comprobaron que se hallaba en él. Sin embargo, el hostelero no respondía a las insistentes llamadas telefónicas que la Polícia le hacía para que se personara en una comisaría. Finalmente, y tras un último intento en vano, el 12 de enero esperaron a que el hombre bajara a la calle para abordarle. Le pidieron el DNI, comprobaron que efectivamente se trataba de él y le arrestaron. Las otras dos personas detenidas se presentaron de manera voluntaria en la comisaría tras recibir la llamada de la Policía en la que les instaban a personarse en sede policial por un asunto que no les fue especificado, según la versión de uno de los arrestados.
Una vez finalice la instrucción judicial, el juez encargado del caso deberá determinar si los hechos denunciados son constitutivos de delito, como acusan los denunciantes e investiga la Fiscalía, o bien si son solo infracciones de carácter administrativo, como defienden los acusados.
