La sentencia que obliga a devolver los peajes a transportistas en Gipuzkoa enfrenta al Gobierno foral
La sentencia favorable a tres camioneros tensiona a los socios de Olano; el PSE juzga «nefasta»la gestión de Carreteras y pregunta al PNV «cuánto puede llegar a costar» una cascada de devoluciones
La sentencia de juzgado de San Sebastián que obliga a la Diputación de Gipuzkoa a devolver a tres camioneros casi 14.000 euros por los ... importes abonados durante casi cuatro años por el peaje de la N-I y A-15 que estuvo vigente entre 2018 y el 20 de octubre de 2021, y que fue declarado ilegal por la Justicia, ha abierto la puerta a una situación de la que alertaba el sector del transporte y negaba el Gobierno foral: que haya que reintegrar a las empresas y autónomos todo ese dinero recaudado por el canon.
Al mismo tiempo, el fallo del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián conocido el miérrcoles ha provocado un nuevo foco de tensión entre los socios del Ejecutivo guipuzcoano. Fuentes de la parte socialista de la Diputación cargaron ayer con dureza contra la gestión llevada a cabo por el departamento de Infraestructuras Viarias, dirigido por Aintzane Oiarbide (PNV), que calificaron de «nefasta» e «insostenible», y sobre la que consideraron que «no se entiende que no acarree consecuencias».
Recordaron que ya en su día, cuando los tribunales declararon ilegal el canon, el PSE mostró al PNV sus reticencias a continuar con un «embrollo judicial» con el que los socialistas se sentían «incómodos» por la «inseguridad jurídica» bajo la que se estaban realizando los cobros. Y que ya entonces advirtieron de que «podía suceder lo que ahora parece empezar a asomar, que haya que devolver ese dinero, y con intereses».
Las claves
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Recaudación 38,5 millones de euros recaudó la agencia guipuzcoana de infraestructuras (Bidegi) durante la vigencia del canon para camiones en la N-I y A-15, desde 2018 al 20 de octubre de 2021.
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El conflicto hoy
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1.065 expedientes de reclamación se han presentado en la Diputación de empresas y autónomos transportistas para que les sea devuelto el dinero. Estas reclamaciones suman un total de 13.857.999 euros. Al haber demandas colectivas, la cifra real de camioneros implicados es mayor.
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114 en los juzgados De ese total, 114 han sido ya denegadas y, agotada la vía administrativa, han iniciado la vía judicial. A 31 de diciembre eran 79 por un valor total de 1,5 millones de euros.
En este sentido, censuran que a pesar de sus reiteradas solicitudes -la última ayer mismo- Infraestructuras Viarias «no haya realizado, o al menos no nos lo ha comunicado, una estimación de cuánto podría llegar a costar» a las arcas forales o de Bidegi «una eventual sucesión de sentencias favorables a los transportistas». «No se entiende el empecinamiento anterior en seguir judicializando un asunto tan delicado por el simple hecho de no estar de acuerdo con las sentencias, y que no se haya hecho una previsión sobre las posibles consecuencias de todo ello. Estamos estupefactos, a la vez que muy defraudados y molestos con esta gestión», remarcan las fuentes consultadas.
Los socialistas aún supuran la decepción que les supuso la reacción del PNV en el caso del exdiputado de Cultura, Harkaitz Millan, y cargan incluso contra el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, al que ya entonces afearon «su falta de empatía humana». Olano «puso el grito en el cielo por un incidente privado de Harkaitz Millan, que en nada afectó a la Diputación ni a la ciudadanía de Gipuzkoa, y ahora con los peajes, que pueden tener serias consecuencias económicas, no dice ni mu», resaltan.
Según ha podido saber este periódico, la Diputación se enfrenta al riesgo de tener que devolver las cantidades que le han llegado a su mesa en forma de reclamación. Son exactamente 13.857.999 euros en un total de 1.065 expedientes. Como algunos son de demandas colectivas, la cifra real de empresas y autónomos implicados es mayor.
De ese total, y dado que Infraestructuras Viarias ha rechazado hasta ahora todas las reclamaciones, 114 que ya han sido denegadas por la vía administrativa han pasado a los juzgados. Hasta el 31 de diciembre habían sido 79, por un valor a 1,5 millones de euros.
5 años en tribunales
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Abril 2018 El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula el primer peaje, que había entrado en vigor en enero. La Diputación y las Juntas Generales recurren al Supremo (TS), al tiempo que, en virtud de esa sentencia, modifican el sistema y aprueban una nueva norma trasladando el pórtico de Irun a Astigarraga y ampliando la longitud de los tramos de pago. El canon se sigue cobrando.
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Mayo 2019 Entra en vigor ese segundo peaje.
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Mayo 2020 El TSJPV anula también el segundo peaje. Las instituciones guipuzcoanas recurren otra vez al Supremo.
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Febrero 2021 El Supremo no admite los recursos contra la primera sentencia y valida la anulación del primer peaje.
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Mayo 2021 Hace lo mismo con los recursos del segundo peaje.
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Mayo 2021 Diputación y Juntas presentan ante el TS sendos incidentes de nulidad contra ambas decisiones.
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Junio 2021 El TS rechaza los incidentes de nulidad del primer peaje, declarando definitivamente ilegal aquel canon.
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Julio 2021 Las Juntas Generales acuerdan presentar un recurso de amparo ante el Constitucional.
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Septiembre 2021 El TS rechaza los incidentes de nulidad del segundo peaje, declarando definitivamente ilegal este canon, y dando el carpetazo final a la vía judicial.
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21 de octubre 2021 21 de octubre 2021. El peaje para camiones deja de cobrarse en Gipuzkoa mientras se prepara un tercer modelo.
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Enero 2023 Se conoce la primera sentencia que obliga a la Diputación a devolver a transportistas el dinero que han abonado durante casi cuatro años por estos peajes.
La resolución conocida el miércoles es la primera que sale a la luz favorable a los camioneros. En su fallo, fechado el 23 de diciembre, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián obliga a la Diputación a devolver a tres transportistas cerca de 14.000 euros (13.919,05 exactamente), más intereses y actualizaciones. En concreto, debe devolver 11.759,44 euros; 1.108,65 y 1.050,96 respectivamente. Contra la sentencia no cabe recurso y la Diputación ya ha confirmado que acata la decisión y procederá al reintegro.
Reclamaciones «cerradas»
Por ahora es una única sentencia de un tribunal de primera instancia, que no prejuzga otras posibles decisiones de otros casos. Pero la noticia ha caído como una bomba de relojería en el equipo de Oiarbide, que no contaba con tener que devolver los peajes.
En el departamento descartan que a raíz de este fallo se produzca un aluvión de nuevas reclamaciones, ya que el plazo para presentarlas ya ha vencido y, en principio, antes de acudir a la vía judicial hay que agotar la vía administrativa que, insisten, «está ya cerrada». Ello no exime de que se puedan llegar a presentar reclamaciones directamente en los juzgados apelando a otras circunstancias diferentes a la mera devolución del dinero de los peajes.
Durante sus casi cuatro años de vigencia, el canon de la N-I y A-15 generó a Bidegi unos ingresos de 38,5 millones de euros que, descontados los gastos de mantenimiento, aportaron a Gipuzkoa un beneficio de 20 millones.
Fenadismer anticipa una «cascada» de sentencias favorables a los transportistas
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) se felicitó ayer de la aparición de la primera sentencia favorable a tres transportistas a los que la Diputación de Gipuzkoa deberá devolver el dinero abonado por los peajes en la N-I y A-15. La organización augura una «cascada» de sentencias similares a favor del sector y reclama al Gobierno foral que no apruebe el nuevo canon que tiene ultimado «hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso» que la propia Fenadismer ha interpuesto contra él.
Desde Euskadi, el sindicato Hiru se felicitó por la resolución judicial y lamentó que muchos camioneros «han rechazado iniciar la vía judicial por los costes que implica y el riesgo a no ganar». «La Diputación juega con eso», denunció.
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