Romero propone financiar el transporte público con los peajes de los camiones
La diputada de Movilidad sostiene que la limitación de recursos en los presupuestos debe ser compensada con fondos extras que permitan sufragar el sistema
Alexis Algaba
San Sebastián
Jueves, 17 de octubre 2019, 06:22
El transporte público es un factor de igualdad social y también una pieza clave en la lucha contra el cambio climático. Pero su extensión, accesibilidad ... y alcance requiere de una potente financiación y los retos a los que se enfrenta en los próximos años también piden un nuevo impulso. El sistema de descuentos Mugi, que las combinaciones de autobuses no se olviden de ninguna comarca de Gipuzkoa, o que las unidades sean eléctricas o híbridas para 2030 hace necesaria una financiación sostenida y en crecimiento para los próximos ejercicios, y como confesó la diputada de Movilidad y Ordenación, Rafaela Romero, «los recursos, por desgracia son finitos». Unos fondos que, para el conjunto del departamento ascendieron a 60,4 millones este curso y que caminarán por la misma senda para el próximo. Por tanto, ¿dónde encontrar fondo 'extra' para financiar el (casi) siempre económicamente deficitario transporte público?
«La apuesta, unánime en términos políticos en torno al favorecimiento y priorización del transporte público, tiene que tener una cobertura económica, una financiación, al mismo nivel de compromiso», sostuvo Romero en la presentación de los ejes estratégicos para esta legislatura del departamento de que acaba de tomar las riendas. Avanzar en lo que han definido como 'movilidad sostenible' requiere de un plus de fondos que se podrían obtener de los ingresa en los peajes el territorio por el paso de camiones de gran tonelaje. «Parte de los ingresos por ese canon deberían destinarse a la consecución de objetivos como pueden ser la financiación de los déficit de explotación de los transportes públicos y la promoción del ferrocarril», explicó Romero.
La norma 1/2011 recoge que esos fondos pueden compensar déficits de explotación de transportes
Esa posibilidad de explorar esa vía alternativa de financiación se recoge en la norma foral 1/2011 por la que se establecen los criterios para la determinación de gravámenes a aplicar a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de infraestructuras viarias de Gipuzkoa. En su disposición adicional segunda la norma recoge que «un porcentaje de los ingresos obtenidos de los peajes y tasas deberá sufragar los medios de transporte y las infraestructuras que contribuyen a la sostenibilidad del sistema y a la consecución de un menor impacto ambiental; estableciendo que los ingresos obtenidos deberán destinarse a financiar las políticas públicas de movilidad sostenible y la consecución de sus objetivos como puede ser la financiación de los déficit de explotación de los transportes públicos y la promoción de los modos más sostenibles».
El departamento de Movilidad pide, de esta forma, que se de cumplimiento a esa posibilidad a la que se dio pie en 2011 ahora que los retos a afrontar por el transporte público territorial son cada vez más importantes. El otro destino de los fondos que ingresa Gipuzkoa por el uso de las vías rápidas ya se destina principalmente al mantenimiento de las mismas, y en 2018 también se comenzó a cobrar a los camiones por atravesar el tramo guipuzcoano de la N-I, alcanzando una recaudación de 10,8 millones el pasado año.
Casi 40 millones de euros
Ahora Movilidad también quiere una parte de ese pastel recaudatorio, pero para poder concretar un posible porcentaje deberá defender su planteamiento ante el departamento de Infraestructuras Viarias, que es el encargado de gestionar las carreteras. El pasado ejercicio, la recaudación de Bidegi por el paso de vehículos pesados de categoría 1 y 2 por la AP-8 y la AP-1 se acercó a los 40 millones de euros, de forma que ese sería el monto total del que se deberían obtener los fondos que Romero requiere para el impulso de las políticas de transporte sostenible en esta legislatura.
Bidegi recaudó en 2018 casi 40 millones por el paso de vehículos pesados por la AP-8 y la AP-1
El departamento tratará de elaborar un Plan Territorial de Movilidad Sostenible para Gipuzkoa que incluirá un diagnóstico del territorio y un código de buenas prácticas, y hará posible que los municipios puedan diseñar sus propios planes. Romero también anunció que seguirán desarrollando la tarjeta Mugi y los proyectos estratégicos de intermodalidad, como el Intercambiador de Riberas de Loiola. Además se abordará la revisión del Plan Territorial de Vías Ciclistas para adaptarlo a la realidad «económica y física» del territorio.
El aeropuerto no se 'toca' tras otro mes con más pasajeros
La situación del aeropuerto de Hondarribia y los planteamientos para su futuro más próximo pasaron de largo en la comisión en la que el departamento de Movilidad de la Diputación de Gipuzkoa presentó sus ejes estratégicos para esta legislatura. El mismo día en el que la instalación anunció un nuevo incremento en su cifra de pasajeros en el pasado mes de septiembre, en las Juntas del territorio no se dedicó ni medio segundo a hablar de aviones. Ni la diputada del ramo, Rafaela Romero, expuso ningún proyecto estratégico en torno al aeropuerto, ni la oposición lanzó preguntas al respecto o mostraron su preocupación por la sostenibilidad de la infraestructura.
Quizá ninguno quiso eclipsar los buenos datos de pasajeros registrados el pasado mes. Septiembre cerró con un 12,9% más de viajeros que un año antes, lo que se tradujo en 32.273 usuarios que eligieron este aeródromo guipuzcoano para iniciar o concluir su viaje. Según datos de Aena, desde el comienzo de año Hondarribia ha recibido a 242.462 viajeros, lo que supone un 9,2% más que en el mismo periodo de 2018.
Las conexiones con Madrid y Barcelona, pese a las incidencias sufridas sobre todo en las últimas semanas, se mantienen como imprescindibles para la ciudadanía, según evidencian los datos.
La Diputación se contradice con el año de puesta en marcha de Adinberri
El proyecto de Adinberri, el centro referente sobre envejecimiento que se ubicará en Pasaia, comenzará a ser construido, previsiblemente, en la segunda mitad de 2020. Así se deduce de las palabras que ayer en comisión expresó Miguel Ángel Crespo, director de Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa. Dicha información contradice de lleno a la previsión transmitida el lunes por Ainhoa Aizpuru, diputada de la recién estrenada cartera de Proyectos Estratégicos, que adelantó que el centro vería la luz antes de que concluyera 2021. Si se mantienen los plazos previstos para su construcción, unos 26 meses, el edificio en el que además va una residencia y un centro de día, abriría sus puertas, como mínimo, a finales de 2022.
Crespo detalló que el proyecto constructivo, elaborado por el equipo navarro de arquitectos Alonso & Hernández, llegó hace apenas un mes y los distintos departamentos y partes implicadas lo están analizando de forma detallada. El departamento de Movilidad y Ordenación, como principal actor de la regeneración de Pasaialdea, desgranó ayer el estado de esos trabajos, que también incluyen la ejecución de los trabajos del parking del Hospitalillo. El proyecto, por tanto, debe superar ahora los exámenes del departamento de Política Social y también de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por lo que «en el primer semestre de 2020», apuntó Crespo, se licitarán las obras. «Y después, serán unos cuantos años de construcción», apostilló.
Parece claro que la puesta en marcha de las instalaciones y del proyecto de Adinberri comienza a retrasarse más de lo esperado. El pasado mes de febrero, el diputado general Markel Olano avanzó que la construcción del mismo empezaría antes de que este año echara la persiana. Un horizonte totalmente descartado tras las aclaraciones que transmitió ayer el director de Ordenación.
Con esos plazos iniciales, el espacio vería la luz a comienzos de 2022, aunque esta semana Aizpuru adelantó esa puesta de largo a 2021. Así las cosas queda por comprobar cuál será el nuevo calendario, ya que la estimación de la ejecución de los trabajos supera los dos años. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 32.250.000 euros, contará con 120 plazas residenciales, un centro de día y 25 apartamentos tutelados para mayores.
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