Un juicio pende sobre la solución al Peine del Viento

Desde hace años, un zócalo de hormigón armado coronado por una valla separa a los visitantes del acantilado rocoso, con el objetivo de que no se acerquen al flysch del monte Igeldo. El 6 de junio de 2015 el desprendimiento de una roca de este talud hirió levemente a dos personas causándoles heridas en la rodilla y la mano. Y desde entonces la zona ha permanecido vallada, con una u otra solución, para mantener a los visitantes separados de la pared rocosa. El Ayuntamiento planteó un proyecto a base de colocar barrotes verticales que impidieran a la ciudadanía acercarse a 3 metros de las rocas, una opción que las familias de Chillida y Peña Ganchegui rechazaron. Durante el último año se ha experimentado con la aplicación de una especie de laca que no ha logrado los resultados esperados: piedras de diferentes tamaños han seguido cayendo sobre la plazoleta donde los turistas se arremolinan en cualquier fecha del año para sacar fotos del conjunto o simplemente contemplar la belleza del lugar.

Las familias de los difuntos artistas insisten en actuar sobre la ladera con alguna solución que no suponga un impacto estético sobre la obra del Peine del Viento, una obra sobre la que ahora también se pretende actuar en materia de accesibilidad. Los técnicos municipales del Departamento de Obras y Proyectos han venido defendido en estos años alternativas que primaban la efectividad sobre la estética. Y de momento no hay acuerdo sobre qué hacer en la zona para separar a la gente de la pared rocosa. El gobierno municipal media para alcanzar una alternativa que dé seguridad y satisfaga a las partes.

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Pero los funcionarios municipales tienen la sartén por el mango porque son ellos quienes deben dar el visto bueno final. Además sobre ellos pesa un baldón que condiciona todas sus decisiones desde hace 5 años: la muerte de Mikel Arzak, un joven que falleció al ser golpeado en el Paseo Nuevo por una roca desprendida del monte Urgull cuando paseaba en compañía de unos amigos. Aquel siniestro, acaecido el 7 de agosto de 2013, ha desembocado en un proceso judicial en el que la Fiscalía y la acusación particular (familia de Arzak) solicitan penas de entre 2 y 4 años de cárcel para el director de Obras y Proyectos y otros dos funcionarios de este departamento del Ayuntamiento, además de 200.000 euros de indemnización por un delito de homicidio imprudente grave, al no adoptar presuntamente medidas de seguridad suficientes mientras se efectuaban trabajos de estabilización en la ladera.

La causa está solo pendiente de que se señale la fecha del juicio, aunque fuentes cercanas al caso explican que el pleito podría desembocar en un acuerdo entre las partes, que es lo que estaría demorando la decisión del instructor. Mientras este proceso no se resuelva, todas las decisiones de los funcionarios municipales sobrevalorarán el criterio de la seguridad sobre cualquier otro para curarse en salud. Durante los últimos años, cualquier pequeño desprendimiento en cualquier remoto rincón de la ciudad (incluso en la carretera del faro, por donde puede pasar un puñado de coches al día) se ha afrontado con medidas radicales como la colocación de paredes móviles de hormigón para evitar cualquier mínimo riesgo. Como para relajarse en un lugar tan visitado como el Peine del Viento. Los funcionarios municipales no darán su brazo a torcer y mantendrán medidas extremas, como el actual murete antiestético provisional, mientras no se acuerde una solución efectiva, sea o no estética, para separar a los visitantes del acantilado. Alrededor de ello sobrevuela el juicio sobre la muerte de Mikel Arzak.