«Me agarró de la cintura, me tocó los pechos y me golpeó las nalgas»

«Me recogió del colegio y me llevó a un garaje. Allí, con la excusa de buscar unas llaves se acercó a mí, me agarró de la cintura, me tocó los pechos y luego las nalgas». Este es el relato de la víctima, de 16 años –tenía 13 en el momento de los hechos–, que ha ratificado este miércoles en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa el escrito de acusación al primo de su padre. Sucedió el 4 de marzo de 2022 en Eibar, cuando la chica tenía 13 años.

El juicio ha iniciado con la declaración de la víctima, que ha comparecido mientras el acusado seguía la sesión por videoconferencia debido a que se le interpuso una orden de alejamiento sobre la chica. «Mis padres no estaban y le pidieron a él –por el acusado– que me recogiera del colegio para llevarme a casa de mi tío. En principio iba a venir con su mujer pero vino solo. Durante el trayecto, no me di cuenta de hacia donde íbamos porque estaba con el teléfono». Ya en el interior del garaje, que ella recuerda «a oscuras» aunque el acusado asegura que tiene «luces automáticas», él le pidió que buscara unas llaves bajo otro coche que tenía aparcado.

«Me agaché un poco y entonces él se acercó agarrándome de la cintura. Luego me dijo que buscara en el otro lado, me agarró con las dos manos de los pechos y me pasó por encima del capó», relata la menor. En ese momento se apartó e intentó llamar por teléfono a su abuela. «Cogí el móvil para llamar pero él me dijo que no había cobertura aunque sí había». El acusado ha negado que le impidiera llamar por teléfono. Su abuela cogió la llamada y ella se dirigió hacia una puerta de salida que había visto.

«Entonces él se puso en medio y me agarró el culo con las dos manos. Yo me aparté y cuando me iba me golpeó las nalgas. Cuando salí del garaje me di cuenta de que estaba en el portal de mi tío, por lo que subí a su casa». La víctima reconoce estar «asustada» y tener «miedo». «No sabía si hacer algo por si me pegaba».

La víctima y su familia tardaron seis días en denunciar porque querían aplicar «la ley gitana» por la relación de confianza previa que mantenían con el acusado, que era de la familia. Así lo que ha manifestado la madre de la víctima en su declaración como testigo. «Según la ley gitana, debía marcharse del pueblo pero él no aceptó y le denunciamos».

Su madre fue a buscarla a casa de su tío. «Le reñí por no quedarse en casa de su tío pero vi que ella no estaba bien. Me dijo que él le había hecho cosas raras y me la llevé a casa. Ahí fue cuando me contó todo lo que pasó». Los meses después del suceso fueron «difíciles» para la menor. «Estuvo muy mal. Nunca se quedaba sola, dejó de ir al instituto y tampoco salía con las amigas», cuenta su madre. «Fuimos a un psicólogo particular y ha estado con tratamiento psiquiátrico desde entonces».

Un posible trastorno que ha confirmado la médico forense en la tercera declaración de la sesión. «Encontramos un trastorno adaptativo compatible con el estrés generado por hechos similares a los denunciados. Angustia, ansiedad y dificultades para hacer vida normal».

Después de los hechos, al acusado se le interpuso una orden de alejamiento sobre la presunta víctima, orden que ha quebrantado «hasta en tres ocasiones», obligando a «aumentar la distancia» de la disposición.

La última intervención ha sido la del acusado, que ha declarado después de que la víctima abandonara la sala. El denunciado ha negado cualquier tipo de tocamiento de índole sexual. «En ningún momento le toqué los pechos ni las nalgas, ni me acerqué para rozarle. Yo dejé a la niña y me fui a Bergara porque me llamó un amigo. No acepté la ley gitana porque no es verdad, sino no estaría aquí jugándome la cárcel». El varón ha lanzado la hipótesis de que la denuncia está «motivada por la deuda económica» que tiene con el padre de la víctima. «Le debo 21.400€ y por eso hacen esto».

El ministerio fiscal y la acusación particular mantienen la imposición de una condena de 3 años y 6 meses –con una responsabilidad civil de 9.000€ por los daños causados–, añadiendo una «inhabilitación del ejercicio de una profesión relacionada con menores» durante 11 años. Por su parte, la defensa ha exigido una sentencia absolutiva alegando «falta de credibilidad» en el relato de la víctima. El caso queda visto para sentencia.