Hacienda estima que el rediseño del peaje de la N-1 costará unos 5 millones

Un camión atraviesa el arco de Andoain del peaje de la N-1./MICHELENA
Un camión atraviesa el arco de Andoain del peaje de la N-1. / MICHELENA

Asegura que no va a tener repercusión en el presupuesto de la Diputación y que tendrá un «efecto positivo» en la actividad de Bidegi

Gaizka Lasa
GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN.

Era la primera vez que la diputada foral de Infraestructuras Viarias hablaba en Juntas Generales del nuevo peaje para camiones de la N-1. Se proyecta para sustituir al que ha sido anulado en los tribunales -sin sentencia firme aún- y Aintzane Oiarbide explicó el 'qué', el 'por qué' y, aunque de pasada, tambien el 'por cuánto'. De esta manera quiso zanjar, en la misma sede que tendrá que aprobar la futura norma foral, que los cambios que se vayan a producir no van a tener un coste extra para el territorio.

La diputada foral desveló el cálculo realizado por Hacienda para hacer frente a la adaptación del sistema al nuevo planteamiento: 5 millones de euros. Así viene recogido en el informe emitido por el departamento que fiscaliza las cuentas de la institución foral a raíz del plan económico-financiero preceptivo para presentar una nueva norma foral. Ahora bien, según fuentes forales se trata de «una cifra proyectada de manera conservadora, que suele quedar por encima de un coste finalmente menor, calculada antes de que haya ningún presupuesto sobre lo que hay que hacer».

Oiarbide recordó que tal informe no tiene por qué remitirse a la Cámara, pero por aquello de la transparencia ante una cuestión en la que la oposición augura un férreo marcaje, leyó alguna de las conclusiones del interventor. Decía una: «Las inversiones a realizar para el rediseño del sistema de peaje 'freeflow' por importe de 5 millones así como las inversiones de reposición se van a financiar con los flujos de caja procedentes del sistema de peajes a implantar». La cifra llevaba aparejado el mensaje, tal y como seguía la redacción del texto. «La Diputación Foral de Gipuzkoa no tendrá que aportar recursos adicionales para el mantenimiento del sistema de peaje y para el mantenimiento ordinario y extraordinario de las infraestructuras».

Y por si la reticencia económica no había quedado neutralizada con la referencia al erario público, añadió el fragmento del informe donde se decía que «la implementación de los peajes genera un efecto positivo en la actividad económico-financiera de Bidegi».

Uno de los cambios que requiere la futura norma foral será la colocación de un nuevo arco inteligente en Astigarraga como consecuencia de dejar fuera de servicio el que se instaló en Irun. La ubicación del pórtico colocado en la AP-8, cerca de la frontera, podía llamar a equívocos, según el análisis conjunto realizado por la Diputación y miembros de la Comisión Europea, ya que cabía pensar que lo pretendido era cobrar en la entrada y salida de Gipuzkoa, en Etzegarate e Irun. Sin embargo, su verdadera función era recaudar por el tramo Andoain-Astigarraga, no por el trayecto hasta Irun. Cobraba, por tanto, un trayecto interno, no uno externo, como pudo interpretar el TSJPV en su tesis de que el peaje discrimina a los foráneos.

El principal cambio consistirá en instalar un nuevo arco en Astigarraga y dejar sin efecto el de Irun

El PP avanza que esta vez no apoyará la norma ya que «los transportistas locales serán los que más paguen»

Para evitar la confusión, se dejará sin efecto el pórtico de Irun -no desaparecerá por cuestiones técnicas- y se levantará uno en Astigarraga para cobrar un tramo que se reduce a 3,19 kilómetros. Así, el nuevo mapa visualiza dos puntos de pago en el interior del territorio y uno en uno de sus extremos (Etzegarate) olvidándose de Irun.

Esa tranformación de tramos será uno de los frentes que requerirá inversión. Otro será el del microarco que se instalará en la salida de Andoain de la N-1. Dado que el paso por el pórtico ya colocado y en funcionamiento en Andoain era hasta ahora de 2,2 kilómetros y se alargará hasta los 5,37, se añadirá un micropórtico en la salida de la localidad para que los que entren ahí puedan abonar una cantidad menor equivalente a 2,2 kilómetros a través de un TAG. Oiarbide, no obstante, recordó ayer que en el contrato ya se preveían los cambios o adaptaciones que pueda tener el sistema. «Por ejemplo, poner más arcos».

Recaudación similar

Además de destacar que las adecuaciones del nuevo sistema no tendrán consecuencias económicas negativas para las arcas forales, también avanzó que «los ingresos previstos serán parecidos pese a la tramificación diferente». Mensaje para quienes quieran emplear la crítica de la avaricia. «No hemos querido recabar más dinero sino lo necesario para el mantenimiento y mejora de la carretera». El cálculo para este año eran 9 millones, si bien la realidad recaudatoria está superando esa previsión para acercarse al millón por mes. Eso sí, Oiarbide aclaró que lo percibido en 2018 no está comprometido y se empezará a emplear en el mantenimiento de la N-1 a partir de 2019.

En los turnos de réplica, EH Bildu y Podemos -grupos que se abstuvieron en la aprobación de la norma foral anterior- fueron críticos con el Gobierno, más por las formas que por el fondo. De «chapuza» tramitada «mal y con prisas» tildó la formación soberanista el proyecto, mientras que fue común la denuncia por «ocultar» información económico-financiera.

Si de su tono se puede desprender una posible posición contraria en la norma que se votará a final de año -el nuevo peaje entraría en vigor a inicios de 2019-, también de la intervención del PP se entiende que esta vez la norma no contará con el voto popular. Para su juntero Juan Carlos Cano «la Diputación de Gipuzkoa ha emprendido una huida hacia delante que va a tener como resultado que los transportistas guipuzcoanos sean los que más peajes paguemos». El portavoz del PP aclaró que «no podemos avalarles porque contradicen la única condición que pusimos a la hora de apoyarles: no castigar al transportista autóctono».

Más

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos