El Gobierno Vasco confía en que la Ley de Garantía de Ingresos entre en vigor en enero de 2023
La nueva Ley de Garantía de Ingresos encara este curso legislativo su recta final para su puesta en marcha. El Gobierno Vasco espera aprobar ... la norma a finales de año y que entre en vigor desde el 1 de enero de 2023. A pesar de que no necesitan el apoyo de la oposición al tener mayoría absoluta, desde el Ejecutivo aseguran que durante la fase de enmiendas a la ley ha habido «interés por parte de todos los grupos» que forman la Cámara vasca.
Una de las principales novedades es que la RGI será indefinida en el tiempo, siempre que se cumplan todos los requisitos. En la actualidad los perceptores deben renovar su solicitud cada dos años, con el incordio burocrático que ello supone. No obstante habrá controles cada tres meses para evitar fraudes y se creará una unidad de inspectores para esa tarea. Asimismo, esta unidad ayudará a las personas extranjeras que no tengan documentación reglada a que puedan acceder a la ayuda.
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Otra de las reformas que introduce la Ley es el aumento de las cuantías y la flexibilización de los requisitos. Habrá mejoras de hasta un 17% para pensionistas y hasta un 40% para familias con hijos menores de edad, que recibirán hasta 1.425,75 euros en función de la composición del hogar. También se elimina el número máximo de personas beneficiarias y se incrementa el complemento por un segundo adulto, que pasará de ser de un 30% a un 50%.
Desde el Gobierno Vasco explican que aunque los actuales perceptores podrán beneficiarse de las mejoras desde el primer día de la entrada en vigor de la Ley, los nuevos colectivos deberán esperar tres meses para poder percibir la ayuda.
Sanciones
Otro de los objetivos del departamento que lidera Idoia Mendia es el de introducir en el mercado laboral a buena parte de los parados que cobran la RGI, que actualmente son casi la mitad de los solicitantes. Para ello se fomentará la orientación laboral entre desempleados con formación y opciones para la reinserción. Además, para evitar que haya parados de larga duración apalancados en la RGI, si un perceptor rechaza un empleo o un curso ofrecido por Lanbide perderá la ayuda económica durante seis meses, salvo que tenga personas a cargo.
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