Gipuzkoa registra la cifra más baja de perceptores de RGI de la última década

Según las estadísticas de Lanbide, la cifra de perceptores ha ido decreciendo anualmente desde 2014 –ese año cerró con 15.314 solicitudes activas–, salvo en un año, el que se desató la crisis sanitaria. 2020 terminó con 13.257 personas recibiendo la RGI, un millar más que en el año anterior. Ese número continuó subiendo hasta febrero de 2021, cuando se alcanzó el pico de perceptores con 13.532. A partir de entonces, la reducción en las solicitudes ha sido constante, salvo el pequeño repunte que se produjo a principios de este año, coincidiendo con la crisis energética que provocó un alza en las facturas de la luz y el gas y que elevó la cifra por encima de los 12.500 solicitantes. A pesar de que julio ha registrado un mínimo aumento (15 expedientes más que en junio), estos datos confirman la consolidación del descenso que comenzó a fraguarse en verano de 2021.

Aunque son varias las causas que alteran la cantidad perceptores de la RGI cada mes (como la variabilidad en el número de pensionistas o extranjeros que la reclaman), el factor principal es el empleo. Cuantos menos guipuzcoanos hay en paro, menos solicitudes de RGI se registran. Desde abril Gipuzkoa ha marcado récord de afiliados a la Seguridad Social en todos los meses, incluido julio, que ha marcado malos datos en Euskadi y récord negativo en el conjunto del Estado. La cifra de parados en el territorio en julio fue de 29.110. Hay que remontarse hasta 2008, justo antes de la anterior crisis financiera, para encontrar un registro inferior.

El efecto de la crisis sanitaria ha sido el único capaz de frenar la caída de perceptores de RGI. 2020 cerró con un millar más de solicitudes activas respecto a 2019. Tras el pico del invierno pasado, cuando la crisis sanitaria comenzó a remitir, se produjo una mejora en la situación social y económica de los guipuzcoanos que tuvo su reflejo en una caída de la demanda de esta prestación.

El descenso ha seguido consumándose en los últimos meses, hasta las 11.953 solicitudes activas que hubo en julio. Son 15 más que las que se registraron en junio, un pequeño repunte que no altera el escenario actual de esta ayuda, que desde 2014 ha experimentado una caída de perceptores de un 28%. Ese año cerró con 15.314 solicitantes, 3.361 más que los que reciben la ayuda en la actualidad. Hay que remontarse hasta 2012 para encontrar una cifra por debajo de los 12.000 (fueron 11.863 expedientes de media).

En cuanto al tipo de beneficiarios, los parados siguen siendo la mayoría de los solicitantes de la RGI, suponen el 47% de los expedientes activos, según los últimos datos de Lanbide. Otro tipo de perceptor es el que se conoce como trabajadores pobres o precarios, aquellas personas que a pesar de tener un empleo perciben un complemento debido a su bajo salario. En Gipuzkoa suponen el 18% de las personas que ingresan la RGI. Además, los pensionistas son casi un tercio de los perceptores y un 7% son personas que están exentas de trabajar. Las ayudas para contribuir al pago de la vivienda siguen siendo las que más se solicitan (5.672 personas la reciben en el territorio).

Cierto es que la RGI comparte espacio desde 2020 con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda financiada por el Gobierno español y que desde el 1 de junio de este año ha pasado a gestionar Lanbide. Esta ayuda permite ofrecer cobertura a un mayor número de personas en Euskadi, pero no resta perceptores a la RGI. De hecho, de las 5.813 personas que recibieron el IMV en julio en Gipuzkoa, 2.962 la compartían con la RGI. Esto, sumado al descenso en el número de perceptores, ha permitido reducir el presupuesto que destina Euskadi a esta prestación. De hecho, en 2021 Euskadi ahorró hasta 30 millones de euros respecto al presupuesto previsto para RGI por la entrada en vigor del IMV, aunque también por la caída de demandantes.

Según datos del departamento de Empleo y Trabajo del Gobierno Vasco, el año pasado el gasto en RGI en Gipuzkoa fue de 79 millones de euros, y en el primer semestre del año ese gasto ha sido de 35 millones, lo que extrapolado al año completo supone una cifra aproximada de 70 millones. En julio, el último mes del que se disponen datos, la inversión en Euskadi fue de 30,5 millones de euros, 6,8 en Gipuzkoa. Por su parte, el gasto medio mensual en Ingreso Mínimo Vital en Euskadi es de 12 millones de euros, y de esa cantidad tres millones se destinan a perceptores guipuzcoanos.

No obstante, desde el Gobierno Vasco insisten de que no se trata de un «ahorro», sino que lo importante es que con ambas prestaciones se ofrece cobertura a un mayor número de personas. Y aseguran además en que con la nueva ley vasca de Garantía de Ingresos la partida presupuestaria destinada a la RGI aumentará en unos 30 millones anuales, debido a la subida de las cuantías y la flexibilización de las condiciones que permitirá acoger a nuevos colectivos.

Pero además de esa reforma, uno de los principales retos a los que se enfrenta Lanbide es al del control del fraude. Un trabajo que ya se está haciendo y que en lo que va de año ha permitido detectar el doble de casos que en el año anterior, unos 44 al mes. A todos ellos se les ha suspendido la ayuda. La nueva ley pondrá en marcha una unidad de inspección que se encargará de verificar que los perceptores respetan las condiciones para cobrar esta ayuda. Habrá controles cada tres meses y serán más estrictos.