El Gobierno aborda con Euskadi su plan de vivienda y compromete su apoyo para construir VPO

Estas comunidades han aceptado los compromisos de «triplicar la inversión en políticas de vivienda y aumentar la corresponsabilidad, de tal modo que las comunidades aporten el 40% de los recursos y el Estado el 60%», «proteger de forma permanente las viviendas que se financien con estos fondos para que formen parte del parque público de vivienda para siempre» -algo que ya sucede en Euskadi, donde todas las nuevas promociones de vivienda protegida construidas a partir de 2003 lo son para siempre (antes lo eran por tiempo determinado, normalemente 20 años, tras los que pasaban a ser libres)-; y «a ofrecer datos oficiales de forma transparente».

Fuentes del Ministerio han anunciado este sábado que «si todas las comunidades autónomas asumen esos compromisos, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, convocará una conferencia sectorial para abordar de forma conjunta el nuevo plan. De lo contrario, las negociaciones se llevarán a cabo de forma bilateral».

Es la respuesta a una carta remitida a la ministra por los consejeros de Vivienda de las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP que reclaman la «urgente» convocatoria de una conferencia sectorial de Vivienda para elaborar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2029. En esa comunicación las comunidades populares critica que «ni conocen ni han tenido participación activa en la elaboración del documento».

Las fuentes del Ministerio recuerdan que el Estado tiene potestad para dirigir y condicionar las políticas de vivienda que se llevan a cabo con sus fondos, tal y como reconoce el Tribunal Constitucional, pero subrayan que «si hay regiones que no quieren participar del acuerdo que plantea el Gobierno disponen de competencias, así como de autonomía fiscal y financiera, para desarrollar sus propias políticas de vivienda».

En cualquier caso, el Ministerio emplaza a todos los gobiernos autonómicos a aceptar el acuerdo que se les ha planteado, que es «de mínimos y de sentido común», y que según defiende, «no busca otra cosa que garantizar el derecho a una vivienda digna para siempre».