La Fiscalía vasca revela «dificultades» para ejecutar órdenes de expulsión a Marruecos

Las «dificultades» que las fiscalías vascas apreciaron por primera vez en 2022 a la hora de poder ejecutar expulsiones de ciudadanos de Marruecos y Argelia en conformidad con la aplicación del artículo 89 del Código Penal –que permite a un condenado conmutar total o parcialmente la pena de cárcel, siempre y cuando esta exceda de un año, con el regreso a su país–, han vuelto a ser constatadas en el último año. Son complicaciones que se observan en Euskadi –y también en el resto del Estado–, pero que tienen su origen en las barreras que ponen esos países para no recibir a los ciudadanos que pretenden deportar aquellos estados en los que han cometido un delito y en los que además residen de manera irregular.

Aunque la dificultad para efectuar repatriaciones a ambos países del Magreb es similar, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco distingue que en el caso marroquí, las trabas surgen «por problemas en la emisión de salvoconductos» por parte de las autoridades locales. Y en el caso argelino, resume que «durante el año 2023 han permanecido cerradas las fronteras de dicho país para repatriaciones de expulsados». Esta circunstancia «ha obligado a la aplicación en estos casos de lo dispuesto en el artículo 89.8 del Código Penal».

Esto es, en los casos en que se haya acordado la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, si esta no pudiera llevarse a efecto, «se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del periodo de condena pendiente (máximo un tercio del total), o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma». La expulsión, en todo caso, no se ha aplicado en Euskadi «a ningún ciudadano» de la Unión Europea, según precisa la Fiscalía vasca en la memoria anual que acaba de publicar esta semana, referida al curso pasado.

Según la memoria de la Fiscalía de Gipuzkoa, «en 2023 se interesaron» en el territorio 13 expulsiones administrativas por aplicación del artículo 57.7 de la LOEX (ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España), que permite a un juez o tribunal decretar la expulsión de los condenados a penas de hasta seis años, salvo que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento del castigo penitenciario. En cualquier caso, siempre se precisa la conformidad del Ministerio Público.

Esas 13 repatriaciones referidas suponen un acusado descenso respecto a 2022, año «en el que se cursaron 118 solicitudes» y otras dos fueron desfavorables, según recogía la memoria fiscal de ese ejercicio. Sin embargo, sí están más cerca de las 20 expulsiones solicitadas en 2021.

Por lo general, en virtud del artículo 57.7 de la LOEX, los fiscales vascos suelen dar su voto favorable, «salvo en casos de delitos graves o menos graves pero castigados con penas elevadas». Por su parte, la aplicación de la expulsión sustitutiva de la pena recogida en el artículo 89 del Código Penal, es solicitada por los fiscales en el escrito de acusación en «todos» aquellos procedimientos en los que la pena de prisión excede de un año. Se ha llegado incluso a decretar la expulsión de un procesado a pesar de contar con permiso de residencia. Sucedió una única vez en 2022, y la Fiscalía de Bizkaia se negó al valorar las circunstancias de «arraigo laboral y social» del condenado.

Según fuentes jurídicas y policiales consultadas, «para que a un delincuente se le pueda expulsar, ha tenido que ser condenado a más de un año de cárcel, y para ello el delito ha tenido que ser de cierta entidad, como una agresión con lesiones, una agresión sexual o un robo con fuerza o violencia», tipología esta última que ha ganado peso en el último año según ha alertado la Fiscalía vasca en su última memoria. Sin embargo, los pequeños robos y hurtos que están a la orden del día en las comisarías vascas, no conllevan un castigo tan severo, y «solo llegarían al año de cárcel a base de reincidir y detenidos una y otra vez».