La Diputación y Donostia apuestan por que el Parlamento Vasco regule la tasa turística

Tanto el Turismo como el Medio Ambiente (agarradero en el que podría justificarse el canon en el marco de políticas de sostenibilidad) son materias de competencia autonómica. Por lo tanto, responsabilidad del Gobierno y Parlamento vascos. No de diputaciones y ayuntamientos, que si se animan a legislar esta cuestión puede ser recurrida y tumbada por los tribunales.

De hecho, así ocurre en las comunidades que ya tienen implantada la tasa adicional que grava las pernoctaciones en alojamientos turísticos, como Cataluña y Baleares –a las que se sumará la Comunidad Valenciana en 2024– donde son los respectivos parlamentos autonómicos los encargados de legislar esta cuestión a iniciativa de sus gobiernos regionales.

Así lo explican fuentes conocedoras de las conversaciones que entre finales de 2019 y principios de 2020 mantuvieron Donostia y la Diputación para calibrar las opciones de alumbrar una tasa turística de ámbito provincial o local después de que tras años de análisis y debate, tanto el Gobierno como el Parlamento vascos rechazaran desarrollar una normativa de alcance autonómico. Una decisión sustentada en que ni Álava, ni Bizkaia, ni la mayoría de municipios vascos veían la necesidad.

Ante esa negativa, las principales administraciones de Gipuzkoa, a la vez las dos más proclives a habilitar mecanismos para poder implantar esta tasa en aquellos municipios que, de forma voluntaria, la consideren pertinente, llegaron a crear una mesa interinstitucional cuya primera reunión se celebró el 24 de febrero de 2020, escasos días antes de que el Covid hiciera saltar todo por los aires y paralizara este y otros proyectos.

Aunque esa mesa no tuvo más recorrido, ya sacó algunas conclusiones, según se ha sabido ahora. La más relevante, que un municipio no es competente para legislar esta cuestión, y que existen serias dudas sobre la capacidad de hacerlo desde un territorio (Diputación y Juntas Generales).

El fondo del asunto está en que la tasa turística no sería un impuesto al uso, como el IVA, el IRPF o Sociedades, cuya competencia recae claramente en Hacienda, donde la palabra la tiene la Diputación. Al tratarse de un recargo por uso de establecimientos turísticos, y la idea inicial era vincularla a criterios de sostenibilidad, se trata de ámbitos competenciales que residen en las instituciones autonómicas.

La posibilidad de que localidades como Donostia puedan implantar una tasa turística por persona y noche a los visitantes que pernocten en la ciudad ha vuelto a la palestra esta semana después de que el martes el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, abogase por volver a «poner este asunto sobre la mesa» una vez que las cifras de visitantes no solo han recuperado este verano guarismos de antes de la pandemia, sino que todo apunta a que esta temporada se superará el récord de 2019.

El primer edil defiende que «el turismo genera gastos» (seguridad, limpieza...). Y más en una ciudad como la capital de Gipuzkoa, la que más presión turística soporta en Euskadi. Un «impacto» que se da «sobre todo en servicios municipales», sin que los esquemas de distribución de los fondos públicos en Euskadi tengan en cuenta esta variable, o no al menos suficientemente.

Ayer, a preguntas de los periodistas durante una comparecencia para hacer balance de la Semana Grande cuando se llegaba al ecuador de las fiestas, Goia deslizó que «desde el punto de vista competencial está claro que el Ayuntamiento no tiene facultades como para poder crear una figura de estas características». Y añadió que «es dudoso que la Diputación de Gipuzkoa pueda hacerlo», por lo que «probablemente lo más claro es que sea el Parlamento Vasco dentro de las competencias que tiene tanto en materia turística como medioambiental».

Fuentes próximas a la mesa de trabajo que quedó aplazada por el Covid señalaron ayer que estas palabras no son solo una percepción particular del alcalde, sino que responden a las conclusiones compartidas que ya se sacaron en 2020 en aquel foro.

Goia saca así la cuestión del ámbito institucional guipuzcoano y devuelve el debate a la esfera vasca, interpelando indirectamente a los partidos políticos. Principalmente al suyo (PNV), y a su socio de gobierno (PSE) tanto en San Sebastián, como en la Diputación y el Gobierno Vasco. Ambas formaciones suman mayoría en la Cámara vasca.

De este modo, el futuro de la tasa turística vuelve a la casilla de salida de un debate que ya se dio antes de la pandemia y que parecía cerrado.