Casi diez mil perceptores dejan de cobrar la RGI el último año y Lanbide se ahorra 4 millones

La otra razón que más retiradas ha provocado –el 23,8% de los casos– es la comprobación de que el solicitante no se encontraba en situación de necesidad económica como para cobrar la RGI. La renuncia de la persona titular es el motivo que Lanbide esgrime en el 13,7% de las extinciones y más residuales son otros dos supuestos de fuerza mayor como son el fallecimiento (7,7%) o no tener padrón y residencia efectiva de manera continuada (6%).

Los datos los ha aportado el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, como respuesta a una pregunta del grupo de Sumar en el Parlamento Vasco. Interpelado por la retirada de la RGI a una mujer con discapacidad por compartir piso, responde que la persona titular de la ayuda debe demostrar que no existe una relación análoga a la conyugal porque, si no lo hace, se agruparán las dos unidades de convivencia en una única. Explica las dos circunstancias que se dan para considerar una relación análoga a la conyugal: convivencia de al menos dos años dentro de los cuatro últimos y descendencia común de las personas convivientes. Según estos criterios, ha habido 56 expedientes de ayuda suspendidos por constituir una relación análoga a la conyugal.

En la misma respuesta, el consejero desgrana el despliegue realizado por Lanbide para comprobar la residencia efectiva de los solicitantes en el domicilio declarado, una actividad considerada «necesaria para la correcta conformación de las unidades de convivencia».

En este sentido, revela que en 2024 se han realizado un total de 1.468 visitas de comprobación de residencia, llamando la atención que la inmensa mayoría, el 85%, se han llevado a cabo en territorio vizcaíno (1.254). En Araba se han visitado 126 domicilios mientras que Gipuzkoa ha sido la menos vigilada con 88 visitas.

El consejero no comparte con el parlamentario de Sumar Jon Hernández que los registros de la Ertzaintza sean «una práctica abusiva» y concluye que la comprobación de los requisitos necesarios para la percepción de las prestaciones «es una obligación ineludible» para la Administración.