Behatokia defiende que todos los policías locales deben ser bilingües y no como dicta el TSJPV
La sentencia que anula una OPE en Irun al estimar «discriminatoria» la exigencia del euskera recibe una cascada de reacciones
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la que suspende la convocatoria de empleo de Policía Local que el ... Ayuntamiento de Irun inició en 2017 para cubrir 12 plazas al considerar «discriminatorio» exigir euskera para ser guardia municipal, lógicamente, ha despertado reacciones contrapuestas. Lógicamente, entidades que fomentan el uso del euskera con el afán de salvaguardar la paridad lingüística con respecto al castellano, como Behatokia y Kontseilua, mostraron ayer su rechazo a la resolución de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJPV. Sin embargo, el catedrático de derecho constitucional Alberto López Basaguren, consultado por este periódico, recalcó que la sentencia «podrá gustar más o menos», pero es «sólidamente motivada».
Desde Kontseilua y el Observatorio de Derechos Lingüísticos, Behatokia, ven «insuficiente» el planteamiento judicial de que bastaría con que uno de los dos agentes de cada patrulla hable euskera para garantizar la atención a la ciudadanía en este idioma.
La directora de Behatokia, Agurne Gaubeka, considera que para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos es necesario «personal capacitado, y son los trabajadores bilingües los que pueden dar servicio». Alude a «vivencias ciudadanas» recogidas por el Observatorio, en las que quedaría de manifiesto que «el insuficiente conocimiento del euskera en las relaciones con los agentes de la Policía Local» genera «daños colaterales o indefensión», «perjudicando y condicionando incluso la seguridad ciudadana».
«Hay casos de inseguridad e indefensión ciudadana por un pobre conocimiento del euskera de los agentes»
Agurne Gaubeka | Directora de Behatokia
«La sentencia tiene una intencionalidad política al considerar el euskera como una lengua de segunda»
Paul Bilbao | Secretario general de Kontseilua
«Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la sentencia está sólidamente motivada»
Alberto López Basaguren | Catedrático Dcho. Constitucional
«Se deben respetar las proporciones lingüísticas de la normativa vasca, que es el 50% en Irun»
CC OO Euskadi
«Atenta contra el derecho lingüístico y empeoraría el actual desequilibrio entre los dos idiomas en Irun»
ELA
Mientras, el secretario general del Consejo, Paul Bilbao, acusa al TSJPV de una intencionalidad política: «Además de frenar la normalización del euskera», remarca que «el euskera es una lengua de segunda, y en consecuencia, muestra la intención de convertir a los euskaldunes en ciudadanos de segunda. Pretende convertir los privilegios del monolingüismo en posibles derechos, aunque todo ello perpetúe los derechos de los ciudadanos».
«Sólidamente motivada»
Tras examinar la sentencia, Alberto López Basaguren resalta que «la exigencia del conocimiento de la lengua cooficial de la comunidad autónoma para cubrir puestos de trabajo en la administración pública es constitucional», pero «debe cumplir un requisito de proporcionalidad respecto a la naturaleza de la plaza a cubrir y respecto a la necesidad que para el ejercicio de las funciones de ese puesto tiene el conocimiento de esa lengua».
En los autos, el TSJPV tiene en consideración que «el uso del euskera en Irun es del 8%, según estudios municipales», y toda nueva plaza que sale a cobertura externa está perfilada y con fecha de preceptividad vencida. Y, según López Basaguren, «si comparas que todas las plazas que salgan sean con perfil lingüístico cuando el uso de la lengua es de un 8%, aunque no guste oírlo, la sentencia está sólidamente motivada». Y, por tanto, es «muy difícil de ser casada y anulada por el Tribunal Supremo». A su juicio, el auto pone en evidencia «la política lingüística en este país, basada en un gran voluntarismo. Este caso es un claro ejemplo, porque en un municipio en el que el uso del euskera es muy bajo, el Ayuntamiento de Irun puso fecha de preceptividad y perfiles muy por encima del porcentaje de plazas que exige el conocido como decreto de euskaldunización de las administraciones públicas».
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