La Audiencia de Gipuzkoa reabre el 'caso Bidegi' y pide una pericial independiente sobre el coste de las obras de la AP-1

Esta querella, interpuesta en junio de 2015 por la Diputación de Gipuzkoa que gobernaba Bildu contra Bidegi y la empresa constructora, denunciaba la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, falsedad documental, infidelidad de custodia de documentos y encubrimiento en las obras de la carretera Eibar-Vitoria (AP-1), concretamente en el tramo Arlaban-Eskoriatza Norte. En la querella la acusación denunciaba un presunto sobrecoste por trabajos no ejecutados por un importe de más de 17 millones de euros (17.030.721,49).

En dos autos dictados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial se estima parcialmente el recurso de apelación presentado por la acusación popular contra el sobreseimiento del caso decretado en septiembre de 2023 y contra la negativa del juzgado azpeitiarra a llevar a cabo nuevas diligencias de investigación, como había solicitado la acusación.

La jueza que instruye el caso consideró que la querella estaba basada en un informe «repleto de errores» y «numerosas incongruencias», que contenía además «omisiones intencionada» y «manipulación» de determinados valores. Por ello, decidió suspender el procedimiento penal, al entender que no había pruebas que lo sustentasen.

Una decisión que ahora revoca la Audiencia guipuzcoana, que pide que se realice una prueba judicial independiente sobre los aspectos contenidos en los informes de parte presentados por la acusación y por la defensa, que eran totalmente «antitéticos» en sus conclusiones. La jueza, sin embargo, decidió dar mayor veracidad al elaborado con posterioridad por la Diputación que gobernaba el PNV con Markel Olano en 2016. Ante el hecho de que dichos informes, ante un mismo hecho, presentaran conclusiones radicalmente opuestas, la Fiscalía solicitó que se realizara una tercera pericial, independiente, una petición a la que se sumó la acusación popular, que ejercen cuatro exjunteros de Bildu: Jon Albizu, Iban Asenjo, Judit García e Inko Iriarte.

El juzgado denegó la práctica de esta pericial en un auto de diciembre de 2018, auto que la Audiencia le recuerda que también revocó. El Tribunal provincial ordena ahora que se lleve a cabo, sin que su coste supere los 80.000 euros. Cabe señalar que el informe presentado por Bildu tuvo un coste de 21.538 euros, y el de revisión aportado por el PNV ascendió a 48.459 euros. Para «no dilatar más el procedimiento», la Audiencia acoge la propuesta más económica de las planteadas por la acusación popular, que ascendía a los 72.000 euros, pero matiza que «debido al tiempo transcurrido y al lógico aumento de los precios», ese coste puede ascender a un máximo de 80.000 euros.

Además de la orden de que se elabore un informe pericial, la Audiencia considera que la jueza instructora «no ha dado cumplida respuesta» a la solicitud de la práctica de nuevas diligencias que realizó la acusación popular. En este sentido, el tribunal recuerda que ya emitió dos resoluciones en las que pedía a la jueza que se «pronunciase fundadamente» sobre dichas diligencias. Sin embargo, en agosto de 2023 denegó las mismas, «sin exponer motivo o razón alguna de dicha decisión», señalan. Por ello ordenan de nuevo que el juzgado emita una resolución «motivada» sobre la necesidad o no de llevar a cabo dichas investigaciones.

Con todo, la Audiencia revoca el auto que acordaba el sobreseimiento de la causa, al entender que «no cabe adoptar dicha decisión sin contar con el informe pericial indicado ni sin resolverse motivadamente sobre la práctica del resto de diligencias interesadas».

Este mismo mes de febrero el mismo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia se pronunció sobre la otra querella del 'caso Bidegi' por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos en las obras de la AP-1 en el tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte. Y lo hizo en el mismo sentido que con la otra querella, acordando el sobreseimiento provisional de la misma. Según dicha denuncia, se habrían pagado con dinero público trabajos no realizados por un importe superior a 13 millones de euros. Sin embargo la jueza consideró acreditado que «en la liquidación final de la obra no ha existido perjuicio económico para la Diputación de Gipuzkoa ni para Bidegi; por lo que no puede hablarse de desviaciones de dinero público».