Manuel Lezertua

Ararteko

«Si el Ararteko sancionara a la Administración acabaría pagando el ciudadano»

– ElArarteko realizó el pasado año casi 15.000 actuaciones y recibió 4.310 quejas. La tendencia, además, es alcista. ¿Significa esto que las administraciones lo están haciendo cada vez peor?

– Es una lectura posible, pero yo creo que hay otras razones. Primero, que los vascos somos un pueblo muy reivindicativo, quizá por el pasado. Somos muy conscientes de nuestros derechos y de la posibilidad de reivindicarlos. Entonces, en la medida que existe este mecanismo, las personas que quieren reivindicar un derecho lo utilizan. Y además hay un segundo elemento, que es que la institución ya tiene 40 años de existencia y es relativamente conocida, más que otras muchas figuras semejantes.

– ¿La ciudadanía percibe que es un vehículo adecuado para reivindicar sus derechos?

– Sí. Los datos que presentamos en el informe corroboran que, en algunos casos, la intervención del Ararteko ha servido para solucionar el problema planteado. El 90% de los casos se solucionan simplemente comunicando a la Administración que tenemos una queja. Del otro 10%, en la mitad de los casos más o menos concluimos que hay una actuación equivocada de la institución, y recomendamos una modificación, y el otro 50% la persona que se queja no tiene razón.

– ¿La ciudadanía es más sensible a la hora de exigir sus derechos?

– Claro, porque hay problemas que afectan muy directamente a las personas. ¿Quién no tiene un problema de salud? ¿Y la vivencia de que me han retrasado la cita, de que no me han dado cita con el oftalmólogo hasta dentro de nueve meses y no veo nada? ¿O que me duele la cadera y me tienen que hacer una resonancia y no me la acaban de hacer?

– Parece evidente que Osakidetza no atraviesa su mejor momento. Las quejas han crecido un 70% en 2024.

– Antes de la pandemia recibíamos alrededor de un centenar de quejas al año. Pero ya en 2023 tuvimos muchísimas y el año pasado ha explotado.

– ¿Qué reclaman?

– Esencialmente mucha queja por retrasos en la atención.Un 25% tiene que ver con eso. En Atención Primaria, también por la falta de médicos y pediatras. Luego en atención especializada hemos tenido muchas quejas por algunas especialidades como Traumatología u Oftalmología.

– ¿Por ejemplo?

– La Traumatología tiene una cosa que es que normalmente son procesos dolorosos que te impiden la movilidad. 18 meses de espera, por ejemplo. Nos viene una persona que le han programado la intervención para tal fecha y previamente tiene que hacer todos los análisis del preoperatorio. Se hace los análisis y cuando llega el día de la operación le dicen que no, que hay que retrasarlo.

– ¿Qué hace el Ararteko en estos casos?

– Nosotros decimos que hay una cartera de servicios de Osakidetza que dice esto y que hay un derecho general, que es el derecho a la salud, que hay que atender. Usted dice que el plazo de atención es tanto, pues en este caso no lo está respetando. Y usted tiene obligación de respetarlo.Pero muchas veces, como digo, se soluciona simplemente poniendo el caso encima de la mesa.

– En el informe viene a decir en un momento que por las quejas que han recibido, las esperas «en algunas especialidades son muy superiores a las publicados oficialmente». ¿Quiere decir con esto que Osakidetza minimiza las listas de espera que difunde oficialmente?

– Igual no está expresado suficientemente bien. No queríamos decir eso. Lo que queríamos decir es que los casos que nos llegan a nosotros, el retraso planteado es en algunos casos muy superior a las medias que se está ofreciendo.Osakidetza te ofrece una media. Pero el que se queja no es al que le han atendido en el plazo. El que viene al Ararteko es al que se le ha atendido el último. Son casos extremos, los peores.

– ¿Cómo se revierte la crisis de confianza que atraviesa la sanidad vasca?

– Hay problemas estructurales que no se van a solucionar de un día para otro. Hace falta inversión pública, reorganización, mayor número de efectivos y de médicos para que gradualmente la atención sea mejor, más temprana y en concordancia con los problemas de salud que aparecen. Me consta que en el departamento son conscientes de los problemas y están intentando llevar a cabo medidas que irán a paliar lo más urgente y, gradualmente, a solucionarlo.

– Educación y vivienda son otros dos focos de conflicto.

– En educación tuvimos en 2023 una avalancha por el tema de admisiones. Y sigue habiendo quejas por eso. El derecho a elegir centro es un derecho relativo. Pero la casuística es inmensa. También hemos tenido algunos casos en Gipuzkoa que llevan a sus hijos a colegios concertados y nos dicen: 'La ley asegura que tiene que ser gratuito y a mí me están cobrando'.

– ¿Y en materia de vivienda?

– Han subido mucho las quejas. Aquí el problema más grave que hay es que el parque de vivienda pública no alcanza a cubrir las necesidades de las personas, ni siquiera de las inscritas en Etxebide. Hemos tenido contenciosos importantes sobre la toma de adjudicaciones extraordinarias. Hemos pedido que se articule un procedimiento más transparente y más claro y que se atienda debidamente a las peticiones.

– El Gobierno Vasco sigue concentrando más de la mayoría de quejas, pero ha habido un repunte en los casos dirigidos contra la Diputación de Gipuzkoa. ¿Por qué?

– El aumento ha sido relativamente importante este año. Son quejas que muchas veces se refieren a las haciendas forales, discrepancias con la gestión de impuestos, los retrasos en la valoración de la discapacidad...

– También contra el programa Multikirola

– Si. De padres, por ejemplo, que querían que su hijo se inscribiera en un club de tenis o vela para competir, porque allí tienen monitores más perfeccionados. La postura del Ararteko es que el deporte escolar no tiene que encaminarse directamente a la alta competición. El deporte forma parte de la educación del niño y, por lo tanto, dirigirles específicamente hacia una especialidad deportiva con ánimo de competir no es necesariamente lo mejor para el niño.

– ¿Qué relación tiene el Ararteko con las instituciones?

– Hay de todo y esta pregunta tiene varias dimensiones. La primera es que la ley establece que es obligatorio cooperar con el Ararteko. Que si pide una información es obligatorio dársela. Hubo un episodio a finales de 2022 que tuvimos que denunciarlo y amenazar con utilizar el Código Penal. En ese momento los que quedaban sin responder lo hicieron todos. Y desde entonces lo que tenemos son retrasos. Ahí nosotros somos bastante beligerantes, porque consideramos que no responder al Ararteko no es en detrimento del Ararteko, sino de los derechos del ciudadano. Por eso reivindicamos más medidas para exigir el cumplimiento de su obligación a las administraciones.

– ¿Capacidad de sancionar?

– Eso lo han hecho en Navarra. Nosotros no hemos llegado hasta ahí porque hemos llegado a la conclusión de que eso al final perjudica al propio ciudadano. Si le imponemos a un ayuntamiento una sanción por no responder, la paga y listo. Eso va a salir del presupuesto, que sale de los impuestos de los ciudadanos. Con lo cual hemos buscado otras propuestas.

– ¿Por ejemplo?

– Poder exigir la comparecencia de un alcalde, que venga a explicarme por qué no me ha respondido. O que sea el propio Parlamento el que exija a un responsable de una administración que comparezca ante la Cámara para decir por qué no ha cooperado con el Ararteko. Son medidas que no están previstas en la ley actual pero que pensamos que reforzarían el papel institucional que corresponde al Ararteko.