«Se nos acaba el contrato y no tenemos dónde meternos»

Esta jubilada de 80 años vivía con su hijo con enfermedad mental, fallecido recientemente por el Covid-19 y cobra una pensión de 650 euros y 56 euros de la RGI. La carta del Gobierno Vasco le insta a abandonar el edificio. «Estoy mal, me encuentro muy sola, con una discapacidad y no tengo dónde meterme, no sé qué va a ser de mí en el futuro», comenta la mujer angustiada.

La mayoría de las personas alojadas en este bloque de 56 apartamentos viven «en situación de vulnerabilidad». Son personas mayores de 70 años, familias monoparentales, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental o que han perdido la propiedad de su vivienda por incapacidad de pago sobrevenida. «Gente con ingresos que rondan los 430 euros, familias con niños pequeños o jubilados con sueldos de miseria y ahora les quieren dejar de patitas en la calle. Actualmente son 14 familias pero en el edificio hay más gente en esta misma situación y cuando les venzan los contratos tendrán el mismo problema», denuncia Jesús Rebollo, miembro de Stop Desahucios Hernani, al tiempo que exige al Gobierno Vasco y al resto de instituciones que «se les dé una alternativa habitacional o que les dejen quedarse en el edificio, porque obligarles a acceder al mercado de vivienda libre es dejarles debajo del puente».

Kheira Benzerram es madre de un bebé de 3 meses, un hijo de 4 años y otro de 16. Cuenta que ha perdido su trabajo y que está realizando la tramitación de divorcio. «Ni Etxebide ni Alokabide me han dado una respuesta. Solo me han dicho que los menores no van a estar en la calle». Una contestación que no pone fin a su problema, «encontrar una vivienda digna», un techo donde dormir.

La historia de Leire Martín, de 26 años y con un «trabajo precario» también pende de un hilo. Vive con su madre, de 63 años y en paro, y subsisten con una ayuda de 400 euros al mes. Con estos ingresos deben pagar el alquiler social, que ronda los 200 euros, «además de los gastos del seguro, la luz, etc».

La lista de nombres continúa mientras la solución tarda en llegar. Según criticó Rebollo, «el problema viene de lejos. Aunque estos alojamientos dotacionales estaban dirigidos a jóvenes menores de 35 años, en determinados casos también podían acceder familias en situación vulnerable y todos los inquilinos de Sagastialde cumplían los requisitos, figuraban como solicitantes en Etxebide y tuvieron que aceptar obligatoriamente estos apartamentos porque, de lo contrario, serían excluidos de las listas del servicio de vivienda e incluso podían perder las prestaciones o ayudas que cobraban. Pero a los 5 años se les termina el contrato, es el tope, y da igual la situación en la que estén, esto es, igual o peor que cuando se les asignó las viviendas. Se les obliga a ir a la calle». Desde que comenzaron con las movilizaciones para denunciarlo, «se han llevado a cabo diversas gestiones en el Ayuntamiento de Hernani y el alcalde se ha comprometido a intentar buscar una solución», asegura Rebollo, por lo que confían en que «algunas de estas familias» puedan gozar de «una alternativa habitacional» en breve.

Sin embargo, «hasta que no haya un compromiso real y definido sobre las alternativas habitacionales de cada familia, registraremos un escrito al delegado de Vivienda, pidiendo una vivienda digna y asequible».

La portavoz de la plataforma Stop Desahucios en Gipuzkoa, Rosa García, subrayó que «el problema de fondo» reside en que «el parque público de viviendas de alquiler social es