La ayuda domiciliaria languidece en Gipuzkoa a la espera de una reforma

Un año después de anunciarse una reforma para tratar de recuperar el servicio, con un cambio de gobierno foral entre medias, la ayuda para cuidar a personas mayores en sus domicilios que prestan los ayuntamientos guipuzcoanos, con financiación de la Diputación, languidece. Los problemas no son nuevos pero el hecho de que se sigan arrastrando año tras año ya es de por sí una noticia negativa. El servicio ha perdido casi un 2% de demanda en 2015, y un 15% de usuarios en el último lustro, según datos recogidos por el Departamento foral de Políticas Sociales. A finales de diciembre del año pasado, el servicio atendía a 4.843 personas en Gipuzkoa, de las cuales el 70% tenían algún grado de dependencia y el resto eran personas autónomas que necesitaban algún tipo de ayuda. Se atiende a menos personas y también bajan las horas de servicio prestadas, un 2,5% menos.

El elevado precio que pagan las familias en comparación con la oferta del sector privado, la falta de cobertura en días festivos y fines de semana y la 'competencia' de la Ley de Dependencia, con la correspondiente extensión de las prestaciones económicas, están minando un programa histórico «que hay que repensar» dentro de una reordenación de los servicios y de las ayudas para responder al reto más importante de los próximos años: cómo cuidar a las personas en su entorno en una sociedad que envejece a pasos agigantados, reflexiona Félix Arrieta, profesor de la Universidad de Deusto y experto en políticas sociales.

El centro académico organizó el año pasado unas jornadas a las que acudieron técnicos municipales y forales y que sirvieron de análisis de la situación. Las conclusiones arrojaron «resultados preocupantes que evidencian la necesidad de un nuevo acuerdo interinstitucional sobre el enfoque, el contenido y la financiación del servicio de atención domiciliaria, con el fin de frenar la caída de personas usuarias y mejorar su efectividad dentro del sistema de cuidados en el entorno», reconoce la Diputación en un informe sobre la evolución del servicio, si bien para este reportaje el departamento ha rehusado participar. Este año, el presupuesto foral para el programa será de 11,7 millones de euros. El servicio se financia además por los Ayuntamientos y con la parte que pagan los usuarios. El anterior gobierno de Bildu planteó una reforma de calado para rebajar la aportación del copago a las familias y hacer más atractivo el servicio, pero de momento no se han aprobado cambios en las condiciones en que se presta.

La falta de mejoras está provocando «un creciente desajuste entre las características del servicio y las necesidades de las personas usuarias», señala una investigación que ha publicado recientemente el boletín Gizarteratuz, que edita el Centro de Estudios y Documentación SIIS. El estudio, desarrollado para todo el Estado conjuntamente por la Federación de Municipios y Provincias (Femp), la Fundación Pilares par la Autonomía Personal y la Fundación Caser, identifica varios factores que señalan a la necesidad de que el servicio tiene que adaptarse al nuevo escenario demográfico, con una demanda de cuidados en aumento, pero con mayores situaciones de dependencia que requieren apoyos continuados frente a un servicio limitado en horas, como el de la ayuda a domicilio.

A los inconvenientes ya enunciados sobre las condiciones del precio, la rigidez de los horarios o la rotación del personal de las empresas subcontratadas hay que sumarle el impacto de la Ley de Dependencia. La percepción generalizada entre los municipios y los expertos es que muchos de los problemas del servicio de ayuda domiciliaria «derivan principalmente de la Ley de Dependencia». De forma gráfica, como señala el informe, las personas consultadas para el estudio aseguran que «el SAD ha sido absorbido por la Dependencia».

Hacia la profesionalización

El predominio de las prestaciones económicas para el cuidado familiar (PECE), que suponen entre 180 y 520 euros al mes en función de los grados, ha extendido un modelo de cuidados no profesionalizado. Aunque Gipuzkoa es la excepción con un impulso a la prestación para contratar a un asistente personal, esta figura apenas representa en la actualidad a la cuarta parte de las prestaciones. La ausencia de control sobre la calidad de los cuidados prestados o sobre el uso que se hace de la ayuda y la falta de profesionalización de la atención son dos de los problemas subrayados en el informe, más si se tiene en cuenta que muchos cuidadores son la pareja de la persona dependiente, en su gran mayoría personas de avanzada edad.

¿Cuál debe ser entonces el futuro del servicio? Félix Arrieta, de la Universidad de Deusto, va más allá de una reforma concreta y apunta a dos direcciones: «Repensar cómo prestar la atención a las personas en su entorno y qué hacer con las prestaciones por dependencia». Gipuzkoa ya ha dado pasos para incentivar la ayuda que se da para contratar a un asistente personal, frente al modelo de cuidador familiar, y el futuro también pasa por una mayor profesionalización del sector, que además supone una oportunidad de creación de empleo, el espíritu original de la ley. «Todas las administraciones deben repensar los servicios comunitarios. Igual en un futuro dejamos de hablar del servicio de ayuda domiciliaria como hoy lo conocemos, porque hay servicios que se crean, se mantienen y luego le tocan desaparecer. Pero lo triste es que desaparezcan sin que ninguna institución haga nada. Hay que actuar antes de que el problema se enquiste», advierte.

Uno de los municipios que han movido ficha ha sido el Ayuntamiento de Donostia. Los nuevos precios públicos de este año sitúan el coste máximo en 16 euros la hora, dos euros menos que en 2015, una rebaja con la que se pretende recuperar demanda. «Hemos conseguido retraer la caída», confirma la concejala de Acción Social, Aitziber San Román, tras un año en el que también influyó que fallecieron usuarios que requerían muchas horas de cuidados, lo que rebajó la asistencia.