Casi 200 familias guipuzcoanas pueden ser desahuciadas si no se prorroga el decreto que protege a los más vulnerables

En una rueda de prensa celebrada ante la delegación de Vivienda del Gobierno Vasco en la calle Andia de San Sebastián, la plataforma ha alertado de la «grave situación» que viven «al menos 183 inquilinos guipuzcoanos vulnerables con demandas de desahucio suspendidas hasta el 31 de diciembre», que además no tienen «alternativa habitacional», por lo que el riesgo que se vean «durmiendo en la calle» es muy real.

Estas 183 familias vulnerables que viven «en los municipios tensionados» de Donostia, Irun y Errenteria y tienen demandas de desahucio por impago de rentas o la finalización de sus contratos, aunque Stop Desahucios advierte de que este riesgo «se multiplica en el resto de municipios de Gipuzkoa y de la CAV» debido a que muchos inquilinos «no pueden pagar el aumento de los especulativos alquileres y tampoco pueden acceder a una vivienda de alquiler social por el crónico déficit del parque público de alquiler en Gipuzkoa, donde hay 8.423 viviendas para 21.795 inscritos en las listas de Etxebide».

Por tanto, Stop Desahucios solicita a los partidos vascos presentes en el Congreso que «soliciten al gobierno estatal la prórroga por un año, hasta el 31 diciembre de 2025, el real decreto de suspensión de desahucios de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional». Por su parte, al

Gobierno Vasco y a las haciendas forales se les pide el desarrollo «urgente» de la ley estatal de Vivienda para que «los 43 municipios vascos tensionados, de los que 20 son guipuzcoanos, puedan topar los precios del negocio del alquiler a los grandes tenedores, congelar las rentas de los pequeños caseros y aplicar la prórroga de tres años a los contratos que vayan finalizando». Al Ejecutivo vasco le piden también «el incremento sustancial, por todos los medios, del insuficiente parque de viviendas de alquiler social».