«Es inmoral que Confebask pida reducir el tipo de Sociedades con beneficios en máximos»

– En su encuentro de la semana pasado trasladaron al lehendakari Pradales que evite la «narrativa criminalizadora del conflicto laboral».

–Creemos que eso no es bueno. Queríamos trasladarle ese mensaje, aparte de explicarle que la huelga para CC OO es un instrumento, no es un fin, que lo utilizamos cuando es necesario y no conseguimos avances en la negociación. Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, y cuestionarse que haya huelgas o que haya movilizaciones es algo que nos preocupa porque se cuestionan las condiciones de trabajo.

–¿Se está imponiendo una connotación negativa del conflicto?

–Que haya conflicto no es bueno ni es malo; es una expresión de que no hay acuerdo y de que no hay avance en la negociación. Para nosotros, la huelga es un instrumento, que es muy costoso para los trabajadores y las trabajadoras, que lo que pretende es mover las posiciones y los bloqueos en las mesas de negociación. Pero nuestro objetivo es alcanzar acuerdos buenos para los trabajadores y las trabajadoras.

–Abogan por impulsar los convenios autonómicos. ¿Debe avanzar por ahí la negociación colectiva?

–Estamos convencidos de que va a ayudar a racionalizar una negociación colectiva que en algunos casos tenemos muy atomizada y también a evitar diferencias y desigualdades entre los tres territorios.

–¿Qué ventajas tiene respecto de los convenios provinciales?

–Tiene muchas ventajas, tanto para las empresas como para los trabajadores. Ampliamos la capacidad de movilización, obviamente, y ampliamos los ámbitos de negociación para dar mayor cobertura a aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen más dificultades.

–Blindar por ley la prioridad aplicativa de los convenios vascos ofrece una mayor seguridad jurídica. ¿Ya no quedan resquicios a interpretaciones?

–Esta era una reclamación histórica de CC OO; de hecho, en la negociación de la reforma laboral planteamos que debería abordarse. Finalmente no pudo hacerse. Teníamos el acuerdo de estructura del 2017, que ya daba garantía a la negociación colectiva de Euskadi. Pero al recogerlo en la norma, refuerza mucho más y da mayores garantías y, por lo tanto, nos parece un acuerdo positivo. Ahora, el problema viene de que seamos capaces de negociar los convenios aquí, de que consigamos acuerdos y que demos valor al propio acuerdo de estructura.

–La temporalidad en el ámbito público vasco supera el 40%. Es muy superior al ámbito privado.

–Se ha reducido en el sector privado de manera considerable, gracias al acuerdo de reforma laboral que alcanzamos con la modificación de la contratación. Seguimos teniendo un problema con los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos, aunque en Euskadi la utilización del modelo de fijo discontinuo es muy residual. En lo que respecta a la contratación a tiempo parcial, estamos planteando que haya una regulación mucho más garantista para que no haya un uso y un abuso de este tipo de contratación.

–¿Las OPE permitirán reducirlo en el ámbito público al 8% que marca la ley?

– En el ámbito público los índices de temporalidad son totalmente inasumibles y esto se lo trasladamos al lehendakari. Pedimos que se abra una negociación real porque el Gobierno trae sus planteamientos a la mesa general de la función pública y a las mesas sectoriales sin negociación y los lleva a normativa. Se trata de una carencia democrática muy importante. Y con las OPE está pasando lo mismo. No han sido ni negociadas ni acordadas con las organizaciones sindicales. No han aflorado tal y como exigimos todas aquellas plazas estructurales en las diferentes administraciones. Y, por lo tanto, no se van a acercar a los objetivo de reducir la temporalidad al 8%. Y esto incide en un mayor deterioro de los servicios públicos.

–El presidente de la CEOE afirma que la reducción de jornada puede suponer una paralización de convenios. Hay quien lo interpreta como una amenaza.

–El tema ya está maduro, no da más de sí en el ámbito de la negociación. Nosotros lo que hemos percibido es que no hay voluntad por parte de la CEOE de intentar buscar un acuerdo. Y se está poniendo en posiciones maximalistas. Se ha entrado en 'la etapa del lloriqueo' como hizo con el SMI. Nosotros lo que le estamos exigiendo al Gobierno es que legisle ya. Es necesario reducir la jornada de trabajo en este país, porque estamos a años luz de los países de nuestro entorno. Es necesario porque hay que mejorar las condiciones de trabajo. Es de justicia social.

–¿Habrá también movilizaciones en otoño en Euskadi si no se implanta?

–Claro. Nosotros hemos ido reduciendo la jornada en la negociación colectiva, un instrumento que seguiremos utilizando. Pero todavía hay un colectivo de trabajadores que tienen jornadas de 40 horas semanales y es inaceptable en estos momentos. Y esto no va a empeorar los ámbitos de productividad ni de competitividad de las empresas, tal y como vocifera la patronal.

–Europa exige a España destopar la indemnización del despido improcedente. ¿Tiene que ser más disuasorio?

–La reforma laboral ya mejoraba en cierta manera las indemnizaciones por despido, al incrementarse los contratos indefinidos, lo que hace que muchos trabajadores tengan ahora derecho a indemnización, y porque se impulsaban instrumentos de flexibilidad interna pactada, como los ERTE, ante problemas coyunturales evitando las salidas forzosas. Pero también hay que recuperar la causalidad del despido y abordar las indemnizaciones, porque tiene que estar muy justificado, muy causalizado, y tienen que incrementarse las indemnizaciones para que el despido sea el último recurso de una empresa.

–¿Qué plantean de cara a la próxima reforma fiscal?

–Como cuestión de fondo reclamamos que el Parlamento Vasco tenga capacidad legislativa en materia fiscal. Supone un cierto déficit democrático en este país. Y a partir de ahí apostamos por una reforma fiscal profunda que se plantee primero qué necesidades del conjunto de la ciudadanía vamos a tener que cubrir y a raíz de eso cuánto tenemos que recaudar, y no al revés. Los servicios públicos tienen que ser agentes de redistribución de la renta: tienen que prestar servicios de calidad y de atención al conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, hay que potenciarlos.

–¿Qué otras propuestas ponen sobre la mesa?

–Hay que pagar impuestos en función de nuestros ingresos reales y de nuestras posibilidades. Las rentas más bajas tendrán que tener devolución de impuestos y las rentas más altas pagar en función de sus ingresos. También planteamos cambios en el Impuesto de Sociedades, porque estamos en menor recaudación que en 2007 y en un momento donde los beneficios empresariales son muy elevados. También hay que recuperar los impuestos a la riqueza.

–Confebask pide reducir el tipo mínimo de Sociedades del 17% al 15% y quitar Patrimonio.

–Y de paso que no paguen nada y que trabajemos por cuatro duros y que trabajemos todas las horas del mundo. Vamos, es inmoral y más en estos momentos de máximos beneficios. Además, estas políticas tan neoliberales solo las usan cuando hay momentos de grandes ingresos, pero cuando las cosas vienen mal dadas siempre llaman a papá Estado a que vengan a resolverme los problemas.

–Afirman que la vivienda se ha convertido en un problema o solo social sino también laboral.

–Porque cada vez los trabajadores y las trabajadoras tienen que dedicar una mayor parte de su salario a pagar hipotecas o un crédito hipotecario o a pagar un alquiler. Si cada vez el gasto para la vivienda es mayor, los salarios se ven mucho más mermados. Por lo tanto, es un problema laboral.

–¿Qué habría que hacer?

–Apostamos por un parque público de viviendas; por un alquiler social para las personas con menos recursos. Pero hay que intervenir en el mercado, en el precio de los alquileres y en el precio de las viviendas.

– Se está hablando mucho de las altas tasas de absentismo, pero se mezclan muchas cosas.

–Tenemos altas tasas de incapacidad temporal común, que tiene una causa justificada, y que es a lo que nos referimos cuando hablamos de absentismo. Ahí sí tenemos un problema. Hay que hacer mucha pedagogía porque desde determinados ámbitos se está intentando justificar que hay un problema de asistencia, como si los trabajadores vascos fuéramos más vagos o no vamos a trabajar porque no queremos, y no es así.

–¿Y qué denota?

– Primero, que la salud de los trabajadores no está bien. Segundo, que un trabajador no se coge una baja porque le dé la gana, sino porque hay un facultativo que dice que no está en condiciones de ir a trabajar. Hay que buscar las causas.

–¿Cuáles son las causas?

–Una parte se debe a problemas de prevención en los centros de trabajo, porque muchas de estas incapacidades temporales están englobadas dentro de la enfermedad común cuando su origen, probablemente, está en el ámbito profesional. El grueso de las incapacidades temporales se engloban en las enfermedades musculoesqueléticas, y en las que tienen que ver con problemas o trastornos leves de salud mental que, en muchos casos, tienen un origen en el ámbito laboral. Por lo tanto, tenemos un problema de mala prevención de riesgos en muchas empresas y esto hay que abordarlo de manera seria.

– ¿La otra parte?

–El tiempo de las bajas tiene mucho que ver con el deterioro de nuestro servicio público de salud. En la atención primaria y en la atención especializada. Por lo tanto, primero, prevención de riesgos laborales y, segundo, mejora de nuestro servicio de salud.

–¿Por qué no se llega a un acuerdo en la mesa de diálogo social que lleva casi dos años abordando este tema?

–Se puso en marcha un grupo técnico de diagnóstico y de análisis de la situación. Hemos contrastado de manera fidedigna todos los datos. Y ya nos han hecho romper algunos mantras que había instalados, sobre todo por algunas partes empresariales. Ahora estamos intentando llegar a unas conclusiones comunes; ver dónde están los problemas e intentar buscar soluciones. En cualquier caso, hay que huir del 'cuñadismo', del típico 'yo conozco uno que lleva un año y medio de baja y lo he visto por la calle paseando... '.