Los sindicatos nacionalistas piden en la calle revertir los recortes laborales y de pensiones

Los sindicatos consideran que el proyecto de ley de reforma de las pensiones –que se vota hoy en el Congreso de los Diputados– introduce aún más recortes en las jubilaciones anticipadas, además de no garantizar unas pensiones mínimas de 1080 euros ni acabar con la brecha de género. La propuesta realizada por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, incluida en el Pacto de Recuperación enviado a la UE, de ampliar el periodo laboral sobre cuyo salario se calcularía la pensión final, que en general se vería reducida con esta modificación, protagonizó varios de los lemas y pancartas de las manifestaciones. Los convocantes consideran que los fondos europeos se están convirtiendo en una «espada de Damocles» y cuyo proyecto, aseguraron significa «trabajar más y cobrar menos pensión», como también recalcaron varios manifestantes.

La apuesta de los ocho sindicatos que se unieron a la movilización es la de indicar que no aceptarán ninguna legislación que no revierta los recortes de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Así las cosas, exigen que se incremente la pensión mínima hasta igualarla a un SMI del 60% del salario medio; pensión mínima de 1.080 euros; revalorización anual de las pensiones como mínimo en función del incremento del coste de la vida; derogar definitivamente el Factor de Sostenibilidad y «sucedáneos» como el Factor de Equidad Intergeneracional; jubilación anticipada sin penalizar con 40 años cotizados; acabar con la brecha de género; garantizar las pensiones públicas creando empleo de calidad, derogando las reformas laborales de 2010 y 2012 y estableciendo el SMI para el próximo año de 1.200 euros.

El secretario general de ELA, Mikel Lakuntza, presente en la manifestación de Bilbao, defendió «potenciar la movilización» y, tras pedir a EH Bildu y PNV que se opongan a la reforma de las pensiones, exigió a la izquierda vasca que no apoye las cuentas vascas para 2022. Por su parte, la líder de LAB, Garbiñe Aranburu, defendió abrir un nuevo ciclo de movilización «con una huelga en el horizonte» que «recupere la senda de la ofensiva».

Lakuntza aseguró que hay que plantearse si las medidas que se proponen «favorecen o no» a la clase trabajadora y la mayoría de la población y afirmó que «desgraciadamente» la respuesta es «negativa». «Lo que vemos en este tipo de medidas es o inmovilismo o recortes. Como ha dicho el movimiento de pensionistas, esa reforma hay que tirarla a la basura».

La secretaria general de LAB recordó que su sindicato trabaja desde el 1 de mayo para abrir «un nuevo ciclo de movilización con una huelga general en el horizonte para responder a la actual situación».

Rumbo al centro de la capital guipuzcoana, el reguero de manifestantes se estiraba por las calles donostiarras al grito de «pensiones públicas dignas». Maite Agirrezabala, de 63 años, acaba de jubilarse. «Por no haberlo hecho a los 65 me han quitado un 16% de lo que me hubiera tocado recibir. Después de más de 40 años trabajando no me parece justo. Queremos que las pensiones se protejan».

Jone Gartzia, docente de 53 años, forma parte de la generación 'baby boom', la más numerosa de la sociedad. Cuando esta parte de la población comience a jubilarse a partir de 2023, supondrá un estrés para el sistema por el elevado gasto en pensiones que conlleva. «La reforma de las pensiones recorta todavía más las jubilaciones anticipadas. Esto es un problema que nos afecta a todos».