El Gobierno Vasco cierra la puerta a equiparar las pensiones mínimas al SMI
El consejero Mikel Torres rechaza la Iniciativa Legislativa Popular por los riesgos de «duplicidad, desigualdad e insostenibilidad financiera»
El Gobierno Vasco ha mostrado este martes su criterio desfavorable a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por colectivos de pensionistas, que ... proponía crear un complemento para elevar las pensiones mínimas hasta el 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en 1.184 euros en 14 pagas. El Ejecutivo considera que la medida resulta innecesaria y que, además, contradice la coherencia del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (LSVGII), aprobado recientemente en el Parlamento con amplio consenso.
Esta postura «desfavorable» del Gobierno Vasco no impide que la iniciativa tenga un recorrido parlamentario en el «primer o segundo pleno ordinario» del Parlamento, en palabras del viceconsejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. Aunque el criterio que ha defendido este martes Torres invita a pensar que la propuesta de los pensionistas no vaya a salir adelante.
El movimiento de pensionistas había defendido esta ILP como un paso decisivo para garantizar pensiones dignas, proponiendo un complemento automático que evitara que ninguna prestación quedara por debajo del SMI. La iniciativa logró reunir las firmas necesarias y fue registrada en la Cámara vasca, obligando al Gobierno a pronunciarse.
El Ejecutivo argumenta que la protección a los pensionistas ya está integrada en el sistema vasco de ingresos mínimos, vigente desde 2008 y reforzado por la Ley 14/2022. Este modelo, recuerda, sitúa las rentas por encima de los umbrales europeos de pobreza y reconoce a las personas jubiladas como colectivo prioritario.
En la práctica, el sistema contempla complementos del 40% sobre la base, reconoce unidades de convivencia específicas y actualiza de manera periódica las cuantías. Según el Gobierno Vasco, un pensionista que vive solo puede alcanzar actualmente una renta garantizada de 1.080,82 euros al mes, cifra que sube hasta 1.535,91 euros en unidades familiares mayores.
El Ejecutivo sostiene que la ILP, al plantear un complemento automático desvinculado de los ingresos de la unidad de convivencia, «generaría duplicidades, solapamientos y desigualdades» frente a otros colectivos vulnerables, como personas con discapacidad o trabajadores con salarios bajos. «Se trataría de un trato preferente hacia un único grupo», advierte.
Otro de los argumentos centrales es la sostenibilidad financiera: la medida supondría un gasto estructural «inasumible» para las arcas vascas. Además, el Gobierno recuerda que las mejoras generales en pensiones son competencia del Estado, mientras que el modelo vasco ya cubre la dimensión asistencial.
En conclusión, el Ejecutivo considera que la ILP no respeta los principios de equidad, coherencia y viabilidad presupuestaria, ni cumple con los requisitos reglamentarios para iniciativas que conllevan aumento de créditos. El acuerdo con este posicionamiento ya ha sido remitido al Parlamento Vasco para su debate formal.
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